San Luis Potosí sanciona el uso indebido de IA: ¿avance o censura?

La ley que promete proteger sin censurar

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial, una medida que, según sus impulsores, busca cerrar la puerta a los deepfakes y la desinformación digital. La iniciativa, promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés, añade los artículos 187 TER, 272 BIS y 272 TER al Título Décimo Primero del código punitivo local, creando un capítulo específico llamado «Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social». La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, justificó la urgencia recordando el caso de Zacatecas, donde 400 alumnos fueron víctimas de la manipulación de sus fotografías con IA para crear contenido sexual, un escenario que, según ella, exige un marco jurídico sólido.

Sin embargo, la redacción de la ley no ha estado exenta de polémica. El propio dictamen, según reporta el portal oficial del Congreso, incluye una cláusula que busca blindar la libertad de expresión: no constituye delito la generación o difusión de contenidos con fines periodísticos, académicos, artísticos, de parodia o crítica política, siempre que no se acredite el dolo de causar alarma o desinformación social. Esta precisión, aunque necesaria, deja un margen de interpretación que preocupa a defensores de derechos digitales, pues la línea entre la crítica política y la «alarma social» puede ser muy delgada, especialmente en contextos electorales o de alta polarización.

“Es una ley que regula la inteligencia artificial y que está perfectamente tipificado”, afirmó el diputado Héctor Serrano Cortés, según Quadratín San Luis Potosí.

Primeras detenciones: la ley ya se aplica

La teoría se convirtió en práctica cuando la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de dos personas por difundir contenido manipulado mediante herramientas digitales. Este hecho, reportado por Quadratín, marca un precedente inmediato: la ley no es un adorno legislativo, sino una herramienta que ya está siendo utilizada por las autoridades. Serrano defendió las detenciones argumentando que la norma está «perfectamente tipificada» y que no se trata de censura, sino de combatir la falsificación digital. «Hay una falsificación de imagen y una falsificación de hechos», declaró el legislador, dejando claro que, para él, el uso de IA para engañar es un delito equiparable a la suplantación de identidad tradicional.

Lo que no se menciona en la defensa oficial es el contexto de estas detenciones. ¿Se trataba de un caso claro de suplantación con fines de lucro o de una parodia política que cruzó la línea? La falta de detalles específicos sobre los casos abre la puerta a la especulación y, sobre todo, a la preocupación de que la ley pueda ser utilizada de manera selectiva. En un estado donde la crítica al gobierno de Ricardo Gallardo ha sido constante, cualquier herramienta legal que pueda interpretarse como un mordaza a la oposición merece un escrutinio riguroso.

La controversia constitucional que no se menciona

Un dato que pocos medios han destacado, pero que es crucial para entender el futuro de esta ley, es que existe una controversia constitucional pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El propio diputado Serrano lo reconoció en entrevista con Quadratín, aunque minimizó su impacto: «mientras no exista una resolución definitiva, la norma continúa vigente y puede aplicarse legalmente en San Luis Potosí». Esta postura, aunque legalmente correcta, ignora el hecho de que la SCJN ya tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, lo que sugiere que al menos algunos ministros consideran que podría violar derechos fundamentales.

La existencia de esta controversia no es un detalle menor. Significa que, desde su aprobación, la ley fue impugnada por algún actor que consideró que invadía competencias federales o restringía libertades. Mientras la Corte no se pronuncie, la ley es válida, pero su aplicación genera un clima de incertidumbre jurídica. Los ciudadanos y periodistas potosinos quedan, por ahora, a merced de la interpretación que hagan los fiscales y jueces locales, sin un criterio unificador de la Suprema Corte. Es, en pocas palabras, un experimento legal que se aplica en tiempo real, con personas detenidas como conejillos de indias.

¿Vanguardia o precipicio?

El diputado Serrano ha calificado a San Luis Potosí como un estado a la «vanguardia nacional» en regulación de inteligencia artificial. Y es cierto: es de las primeras entidades en tipificar estos delitos de manera específica. Pero la vanguardia no siempre es sinónimo de acierto. La ley, tal como está redactada, deja demasiado espacio para la interpretación subjetiva. ¿Quién decide si un contenido busca «provocar alarma social»? ¿Un juez? ¿Un fiscal? ¿Un funcionario con intereses políticos? La historia reciente de México está llena de ejemplos donde leyes bien intencionadas fueron utilizadas para acallar voces incómodas.

El caso de los 400 alumnos de Zacatecas es un ejemplo perfecto de por qué se necesita regular el uso malicioso de la IA. Nadie en su sano juicio defendería la creación de pornografía no consentida con inteligencia artificial. El problema no es el qué, sino el cómo. La ley potosina, al no definir con precisión qué constituye «alarma social» y al dejar la puerta abierta a la interpretación de la autoridad, corre el riesgo de convertirse en un arma de doble filo. Como señala El Sol de San Luis, Serrano insiste en que «sancionar uso indebido de la IA no es censura», pero la realidad es que la diferencia entre una sanción justa y un acto de censura a menudo depende de quién aplica la ley y con qué intención.

Mientras la SCJN no resuelva la controversia constitucional, los potosinos vivirán en un limbo legal donde cualquier contenido digital crítico podría ser reinterpretado como un delito. La ley Serrano, como ya se le conoce, promete proteger a los ciudadanos de los peligros de la inteligencia artificial, pero su redacción ambigua podría terminar protegiendo a los poderosos de las críticas. Al final, la pregunta no es si debemos regular la IA, sino si esta regulación es la correcta o si, como tantas otras veces, terminaremos pagando los platos rotos de una ley mal hecha.

Fuentes consultadas:

• Congresosanluis Gob – Aprobadas reformas para sancionar uso indebido de IA
• Sanluispotosi Quadratin – Defiende Serrano ley sobre IA tras detenciones por manipulación digital
• Oem – Sancionar uso indebido de la IA no es censura: Héctor Serrano