Gobernador de Sinaloa acusado por EE.UU. de nexos con el Chapo

El día que la DEA tocó la puerta de Palacio de Gobierno

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó una bomba que aún retumba en los pasillos de Palacio Nacional: acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos —todos de Morena— de ser presuntos cómplices de una de las facciones del Cártel de Sinaloa. La lista incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cazarez. De inmediato, la oposición encendió los reflectores y comenzó a corear eso de que en México hay un «narcogobierno», como reportó Actualidad RT. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó callada: salió a decir que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes y que la Fiscalía General de la República iniciaría su propia investigación para determinar si procede la extradición. El problema es que, mientras tanto, el gobernador sigue en su cargo, y la pregunta que flota en el aire es si esto es defensa de la soberanía o una cortina de humo para proteger a los suyos.

La soberanía como escudo, la impunidad como sombra

Sheinbaum ha sido clara: «No somos protectorado ni colonia de EE.UU.», dijo en varias ocasiones, según Actualidad RT. Y tiene razón en un punto: nadie quiere que un país extranjero venga a impartir justicia en territorio nacional como si fuéramos su patio trasero. Pero el discurso se vuelve resbaladizo cuando los acusados son todos del partido en el poder. La presidenta promete que no habrá impunidad si se comprueban los delitos, pero mientras la investigación avanza —a paso de burócrata—, el gobernador de Sinaloa sigue despachando desde Palacio de Gobierno. La oposición, por supuesto, aprovecha para gritar que esto es una muestra más de que Morena protege a los suyos. Y aunque el tono de la crítica sea oportunista, el dato duro es que 10 políticos del mismo partido están señalados por la DEA de tener vínculos con el cártel más poderoso del mundo. ¿Cuántas veces más va a repetirse esta historia antes de que alguien exija una investigación independiente?

«No somos protectorado ni colonia de EE.UU.» — Claudia Sheinbaum, citada por Actualidad RT

El Chapo también quiere volver a casa

Mientras el caso Rocha Moya se cuece a fuego lento, desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán también agitó el avispero. En una carta escrita a mano y en inglés, fechada el 23 de abril de 2026, el exlíder del Cártel de Sinaloa le pidió al juez federal Brian Cogan que lo extraditaran de regreso a México. Según CNN Español, el juez Cogan rechazó todas las peticiones de Guzmán —incluida la extradición, un nuevo juicio y la revisión de su condena— calificándolas de «sin mérito legal» y señalando que «algunos de estos documentos no tienen sentido». El Chapo, condenado a cadena perpetua más 30 años y a pagar 12,600 millones de dólares en confiscación, insiste en que su juicio estuvo lleno de irregularidades. Pero la ironía es brutal: mientras un gobernador en funciones es acusado de tener nexos con el cártel que él dirigió, el propio capo pide volver a México, quizás porque sabe que aquí las puertas de la justicia a veces se abren con menos llaves.

Honduras: el espejo en el que no queremos vernos

Para entender lo que está en juego, vale la pena mirar hacia el sur. Honduras ha sido, por décadas, el corredor natural de la cocaína hacia Estados Unidos, y sus políticos han pagado el precio en cortes de Nueva York. Como documentó France 24, desde finales de los años 70, los tentáculos del Cartel de Medellín —y luego del Cártel de Sinaloa— contaminaron las estructuras militares y gubernamentales del país. El caso más emblemático es el de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño señalado por recibir millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, incluido el propio Chapo Guzmán. En el juicio contra su hermano, Tony Hernández, el fiscal Jason Richman aseguró que el presidente recibió dinero del capo mexicano. Hernández lo calificó de «absurdo y ridículo», pero terminó condenado en Estados Unidos. La moraleja es incómoda: cuando un gobierno se niega a investigar a sus propios funcionarios, otros países terminan haciendo el trabajo sucio. Y México, con este caso, camina sobre la misma cuerda floja.

Entre la defensa nacional y los hechos que pesan

Sheinbaum insiste en que se respete la presunción de inocencia y la soberanía. Son principios sagrados de cualquier Estado de derecho. Pero el problema es que, en México, la línea entre defender la soberanía y proteger a los amigos del partido se ha vuelto tan delgada que casi no se ve. La oposición aprovecha el escándalo para desgastar al gobierno, pero su discurso también es hueco: si realmente les preocupa el narcotráfico, deberían exigir investigaciones serias, no solo tuits furiosos. Mientras tanto, el gobernador de Sinaloa sigue en su cargo, el Chapo se pudre en una celda de Colorado pidiendo volver a casa, y Honduras nos recuerda que el precio de no hacer justicia es que otros la hagan por nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo este partido sin que nadie pite un fuera de lugar?

Fuentes consultadas:

• Actualidad Rt – Las claves del caso del gobernador mexicano acusado por EE.UU. que complica a Sheinbaum
• Cnnespanol Cnn – Juez niega solicitudes del Chapo Guzmán, incluida su petición de extradición a México
• France24 – Honduras, corredor del narcotráfico hacia EEUU por décadas, desde Pablo Escobar hasta el «Chapo» Guzmán