Violencia familiar repunta en vacaciones mientras legisladores buscan penas más duras

Las vacaciones no son para todos: cuando la convivencia se convierte en pesadilla

La imagen idílica de la familia reunida en Semana Santa, compartiendo la comida y descansando juntos, se desmorona con los datos duros. En Sinaloa, la Secretaría de las Mujeres recibió 189 llamadas relacionadas con violencia en apenas una semana, del 30 de marzo al 5 de abril. La titular, Ana Francis Chiquete Elizalde, lo dijo sin rodeos a Oem: el aumento aproximado es del 5% en estas temporadas. Lo que debería ser un respiro se transforma en un caldo de cultivo para conflictos que, en muchos casos, ya estaban latentes. El promedio diario, que antes rondaba entre 20 y 25 llamadas, se disparó. No es un fenómeno nuevo, pero su recurrencia anual lo convierte en un patrón estacional de terror doméstico que el Estado no ha podido romper. La ‘mayor convivencia’ que mencionan las autoridades es un eufemismo que esconde horas de tensión acumulada, falta de espacios de escape para las víctimas y la sensación de encierro que agudiza la violencia.

La ley quiere ser más dura, pero ¿más efectiva?

Mientras en Sinaloa se contabilizan las emergencias, en San Luis Potosí un diputado cree tener la solución en el papel. René Oyarvide Ibarra presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y aumentar la pena máxima por violencia familiar de 6 a 7 años de prisión. La información, publicada por Frontalnoticias, detalla con precisión quirúrgica los cinco tipos de violencia que busca castigar: física, verbal, psicológica, moral y patrimonial. La propuesta incluso incluye la pérdida de derechos como la patria potestad y la obligación de someterse a tratamiento psicológico. Suena robusto, completo, incluso ambicioso. Pero aquí está el primer choque con la realidad: de nada sirve una pena de 7 años si el primer eslabón de la cadena, la denuncia y la protección inmediata, sigue fallando. Las 189 llamadas en Sinaloa son solo la punta del iceberg de un sistema saturado donde, como reconoce la propia Semujeres, ‘no todos los reportes provienen directamente de víctimas’.

“Es diverso el tipo de reportes que se atienden. En ocasiones no es la persona directamente quien llama, sino alguien más que escucha algún tipo de discusión; a todos se les da seguimiento para verificar los hechos y brindar acompañamiento”, explicó Ana Francis Chiquete Elizalde a Oem.

Esta cita es reveladora. Pinta un panorama donde el miedo o la incapacidad de la víctima para pedir ayuda es tal, que depende de la solidaridad de un vecino o familiar. La reforma potosina se enfoca en el castigo final, en lo que pasa cuando el caso ya llegó a un juzgado y se comprobó todo. Pero el verdadero cuello de botella está en todo lo anterior: en la capacidad de reacción de las autoridades ante una llamada, en la credibilidad que le dan al testimonio, en la protección real que ofrecen para que una mujer se atreva a denunciar sin temor a represalias mortales. Añadir un año más a una condena es un gesto político fácil; construir una red de apoyo que funcione las 24 horas los 365 días del año, incluyendo Semana Santa, es el verdadero reto.

El diagnóstico es claro, la cura sigue en veremos

Lo más valioso de la cobertura de estos hechos, como la de Uniradiosonora que también reporta el incremento en vacaciones, es que ya no se habla de la violencia familiar como un acto aislado de golpes. Las legislaciones y los reportes periodísticos han evolucionado para reconocer la violencia psicológica, la verbal, la que daña el patrimonio y la moral. Sabemos que el problema se agrava en periodos de confinamiento familiar. Tenemos estadísticas que marcan picos estacionales. Contamos con líneas de atención especializadas. El diagnóstico, pues, está sobre la mesa y es bastante preciso. Sin embargo, la epidemia no cede. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿Estamos atacando los síntomas con leyes más punitivas y campañas de concientización, pero dejando intacta la raíz? La raíz está en una cultura machista que normaliza el control y la posesión, en la dependencia económica de las víctimas, en la lentitud y revictimización de los procesos judiciales. Mientras un diputado en SLP piensa en el séptimo año de cárcel, miles de mujeres en Sinaloa y Sonora piensan en cómo sobrevivir al día de hoy sin que las lastimen. La desconexión entre el escritorio del legislador y la sala de una casa donde se escuchan gritos es abismal. Las reformas penales son necesarias, pero son la última capa de una estrategia que debe estar cimentada en prevención, educación y, sobre todo, en una respuesta inmediata y creíble del Estado cuando una voz, aunque sea la de un vecino, pide ayuda.

Fuentes consultadas:

• Frontalnoticias – Directivos de Suacero reconocen labor de Ricardo Gallardo
• Oem – Semana Santa aumenta reportes de violencia en Sinaloa; Semujeres recibe 189 llamadas
• Uniradiosonora –