Lo que debes de saber
- El gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán pidieron licencia temporal el mismo día, tras ser acusados por la fiscalía de Nueva York de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
- Rocha Moya aseguró tener ‘la conciencia tranquila’ y calificó las acusaciones de ‘falsas y dolosas’, pero se separó del cargo para no entorpecer las investigaciones de la FGR.
- La FGR informó que no hay elementos para una detención provisional y solicitó a EU ampliar la información, mientras Sheinbaum afirmó que no se protegerá a funcionarios sin pruebas claras.
- El alcalde Gámez Mendívil fue sustituido por Ana Miriam Ramos Villarreal como presidenta municipal provisional, en una sesión extraordinaria de cabildo.
La licencia que llegó después del ‘no me voy’
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia temporal a sus cargos la noche del viernes 1 de mayo, apenas 48 horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusara, junto a otros ocho funcionarios y exfuncionarios, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Lo curioso del caso es que apenas un día antes, el propio Rocha había descartado públicamente separarse del cargo, según reportó El Universal. El giro fue tan brusco que parece más una coreografía política que una decisión judicial.
En un mensaje difundido en video desde Palacio de Gobierno, Rocha Moya aseguró:
“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”.
La frase, recogida por El Economista, suena a manual de defensa política: primero se niega, luego se victimiza, y al final se pide licencia para no entorpecer las investigaciones. El problema es que la ciudadanía ya ha visto esta película antes, y el desenlace casi siempre es el mismo: el funcionario termina en el banquillo de los acusados o, en el mejor de los casos, regresa al cargo con el expediente cerrado.
La FGR pide pruebas, Sheinbaum promete no proteger
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que revisó la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por las autoridades estadounidenses, pero determinó que hasta el momento no existen pruebas suficientes para proceder de manera inmediata, por lo que solicitó mayor sustento documental, según reportó NTV. La postura de la FGR es comprensible desde el punto de vista legal: no se puede actuar sin elementos sólidos. Pero también resulta sospechosa cuando se trata de un gobernador cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no se protegerá a ningún funcionario que haya cometido un delito, pero sostuvo que deben existir elementos probatorios claros antes de cualquier acción judicial. La declaración, aunque correcta en teoría, deja un sabor agridulce: ¿cuántas veces hemos escuchado promesas de cero impunidad que terminan en archivos? La investigación de El Financiero señala que la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluye a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armamento, así como por supuesta protección institucional y apoyo político al grupo criminal.
El alcalde de Culiacán también se va
En paralelo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia a su cargo en una sesión extraordinaria de cabildo, donde fue sustituido por Ana Miriam Ramos Villarreal como presidenta municipal provisional. Gámez Mendívil es uno de los diez funcionarios señalados por Estados Unidos, y su salida, aunque rápida, no deja de ser una admisión implícita de que algo no huele bien. Si las acusaciones son falsas, como aseguran ambos, ¿por qué pedir licencia? La respuesta más obvia es que la presión política y judicial es insostenible, y que la licencia es una forma de ganar tiempo mientras se negocia o se prepara una defensa legal.
El caso tiene todos los ingredientes de un culebrón político: acusaciones desde el extranjero, funcionarios que se declaran inocentes pero se van, una fiscalía que pide más pruebas, y un gobierno federal que promete no proteger a nadie. Pero lo que realmente debería indignar a la ciudadanía es la normalización de la impunidad. No es la primera vez que un gobernador o alcalde es señalado por vínculos con el crimen organizado, y probablemente no será la última. Lo grave es que, mientras los políticos se toman licencias y se declaran víctimas de una conspiración, los sinaloenses siguen viviendo en un estado donde la violencia y el narcotráfico son el pan de cada día.
La pregunta que queda flotando es: ¿realmente la licencia de Rocha Moya y Gámez Mendívil facilitará las investigaciones, o es solo una cortina de humo para que el escándalo se enfríe mientras ellos deciden su próximo movimiento? La historia reciente de México sugiere lo segundo. Mientras tanto, la FGR tiene la palabra: si las pruebas de Estados Unidos son sólidas, deberá actuar con firmeza. Si no lo son, el caso se diluirá como tantos otros. Y la ciudadanía, como siempre, se quedará esperando justicia.
Fuentes consultadas:
- Eleconomista – Rocha Moya y alcalde de Culiacán piden licencia temporal en medio de acusaciones de Estados Unidos
- Elfinanciero – Rubén Rocha pide licencia como gobernador de Sinaloa: ‘Tengo la conciencia tranquila’
- Ntv – Rubén Rocha Moya solicita licencia para separarse del cargo como gobernador de Sinaloa
- Eluniversal – Rocha y alcalde de Culiacán solicitan licencia tras mensaje de la FGR; no permitiré que me usen para dañar a la 4T, dice gober
