Lo que debes de saber
- Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa tras ser acusado por EU de conspirar con el Cártel de Sinaloa.
- La acusación incluye a 10 funcionarios, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza, por tráfico de drogas y armas.
- EU solicita la extradición de los acusados, pero la SRE afirma que no ha recibido pruebas suficientes.
- Sheinbaum aseguró que no protegerá a nadie, pero exige que EU presente elementos de prueba.
- Rocha se declara inocente y dice que las acusaciones buscan dañar a la Cuarta Transformación.

La licencia que no es renuncia
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este viernes que solicitará una licencia temporal al cargo, según reporta Eldebate. La movida ocurre apenas tres días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara formalmente, junto a otros nueve funcionarios, de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Rocha asegura que lo hace para «facilitar la actuación de las autoridades mexicanas» y desde su «profunda convicción republicana». Pero la pregunta que flota en el aire es: ¿licencia temporal o cortina de humo?
La acusación, presentada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, no es cualquier cosa. Según El País, los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer estas armas. Las penas van de 40 años a cadena perpetua. No es un señalamiento menor: es la primera vez que Estados Unidos acusa a un gobernador en funciones en México de vínculos directos con el narco. Y el elegido es un hombre de Morena, cercano a Andrés Manuel López Obrador.
«Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana.» — Rubén Rocha Moya, vía Eldebate

Los acusados: una nómina del poder morenista en Sinaloa
La lista de señalados es un quién es quién del gobierno estatal. Además de Rocha, aparece Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. También están el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y varios altos mandos de seguridad y procuración de justicia. Según CNN Español, la acusación detalla que los funcionarios protegían a líderes del Cártel de Sinaloa —específicamente a Los Chapitos— a cambio de sobornos y apoyo político. Incluso se menciona que ordenaban a policías estatales y municipales resguardar cargamentos de droga.
El caso de Juan Valenzuela Millán, alias «Juanito», excomandante de la policía municipal de Culiacán, es particularmente grave: se le acusa adicionalmente de participar en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar. Esto no es un rumor de pasillo: es una acusación formal con nombres, apellidos y cargos específicos. Y sin embargo, la reacción del gobierno mexicano ha sido, cuando menos, titubeante.
Sheinbaum y la danza de las pruebas
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a «proteger a nadie», pero que «tiene que haber pruebas». La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, aseguró que EU solicitó la detención con fines de extradición, pero que no ha enviado «elementos de prueba» de su culpabilidad. El Financiero reporta que la FGR ya recibió las solicitudes y las revisará. Pero aquí el detalle: la acusación estadounidense no es una nota diplomática, es un documento judicial de 40 páginas que detalla conversaciones, transferencias y reuniones. Decir que no hay pruebas es, cuando menos, optimista.
Mientras tanto, Liberal Metropolitano señala que los tres principales diarios de Estados Unidos —Wall Street Journal, New York Times y Washington Post— dedicaron largos textos al caso. La presión mediática internacional es enorme, y la respuesta mexicana parece más enfocada en la forma que en el fondo. Rocha se va con licencia, pero el problema no se va con él.

Lo que no se dice: el costo político de la 4T
Rocha insiste en que las acusaciones son «falsas y dolosas» y que buscan dañar al movimiento que encabezó AMLO. «No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco», dijo. Pero el daño ya está hecho. No todos los días el Departamento de Justicia de EU acusa a un gobernador morenista de ser cómplice del narco. Y no todos los días el partido en el poder tiene que explicar por qué su gente aparece en expedientes judiciales gringos.
La licencia temporal de Rocha es, en el mejor de los casos, un acto de responsabilidad política. En el peor, una admisión implícita de que algo huele mal en Sinaloa. Mientras la FGR investiga y EU espera, el pueblo sinaloense se queda sin gobernador y con más preguntas que respuestas. La 4T prometió acabar con la corrupción y el narco. Pero cuando el narco llega al palacio de gobierno, la promesa se vuelve papel mojado.
Fuentes consultadas:
- Eldebate – El gobernador mexicano acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico renuncia de manera «temporal»
- Elpais – Estados Unidos acusa al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa por vínculos con el narcotráfico | EL PAÍS México
- Cnnespanol Cnn – EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios de vínculos con los Chapitos: esto sabemos
- Liberalmetropolitano – El gobernador de Sinaloa pide licencia temporal tras ser acusado por EU de narcotráfico
- Elfinanciero – EU acusa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otras 9 personas de narcotráfico


