La diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó este viernes 17 de abril de 2026 una iniciativa para reformar la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer claramente la prohibición de que elementos de la Guardia Civil Estatal y agentes de tránsito municipales retengan documentos o inmovilicen vehículos para asegurar el pago de multas, a menos que esté específicamente permitido por la ley.
Detalles de la propuesta legislativa
La iniciativa propone modificar el artículo 43 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí para incluir esta prohibición expresa. Además, establece que aquellos agentes que incurran en estas prácticas serán sancionados de acuerdo con el artículo 114 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
La legisladora Rocha Medina explicó que esta modificación busca alinear la legislación estatal con los reglamentos municipales y reforzar la protección de los derechos humanos. «Asegura que las acciones de tránsito se realicen de manera estricta y sin fines recaudatorios», afirmó durante la presentación de la iniciativa.
Rocha Medina destacó que esta reforma representa un paso clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las autoridades. «Promueve un trato digno, respetuoso y transparente en la aplicación de las normas de tránsito», señaló. Agregó que cuando las autoridades ejercen adecuadamente sus funciones, se contribuye a que se cumplan las normas de manera voluntaria, lo que ayuda a reducir conflictos y mejora la convivencia en las vías.
La diputada reiteró que la iniciativa responde a la necesidad de adecuar la legislación a las mejores prácticas en materia de tránsito y movilidad, garantizando el respeto a los derechos humanos y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. «Con acciones como estas, se demuestra el compromiso del Estado con la transparencia, la justicia y la ética en el servicio público», afirmó.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, donde será estudiada antes de posibles discusiones en el pleno.
