El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, diputado Luis Fernando Gámez Macías, declaró el viernes 17 de abril de 2026 que la sostenibilidad hídrica de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí ha dejado de ser un desafío técnico para convertirse en una emergencia de gobernanza. En un boletín oficial, el legislador enfatizó la necesidad urgente de una reingeniería institucional en materia de gestión hídrica, basándose en indicadores de desempeño del organismo operador Interapas.
Vulnerabilidad estructural y llamada a intervención técnica
Gámez Macías afirmó que los indicadores de desempeño del Interapas revelan una vulnerabilidad estructural que requiere una intervención técnica inmediata y despolitizada. Según el diputado, esta situación crítica afecta a varias zonas de cobertura del organismo, y el análisis debe centrarse en la eficiencia del gasto y la capacidad de respuesta frente al estrés hídrico.
El legislador identificó como principales adversarios la ineficiencia física, con niveles críticos de pérdida en red, y el déficit financiero derivado de una cobranza deficiente y una nula inversión en mantenimiento preventivo. Añadió que no se pueden discutir soluciones sin abordar la transparencia en el destino de los recursos, argumentando que la enajenación de activos municipales o el flujo de capital extraordinario debe traducirse, por norma técnica, en la recuperación de volúmenes de agua y el fortalecimiento de la infraestructura de presión.
Gámez Macías sostuvo que la crisis hídrica se basa en datos duros, incluyendo pozos fuera de servicio, equipos electromecánicos obsoletos y una gestión de demanda que ha colapsado. Desde su perspectiva en el Poder Legislativo, propuso transitar hacia una reingeniería del organismo donde la planeación estratégica prevalezca sobre la reacción mediática.
El diputado puntualizó que la ciudadanía demanda la garantía de un servicio que es un derecho humano fundamental, y que la vigilancia técnica es la única herramienta para asegurar que el presupuesto se convierta en agua y no en deuda social.
