Niño nayarita hallado en SLP; fiscalía investiga

Un niño, dos estados y muchas preguntas

El pasado fin de semana, un niño de aproximadamente 10 años fue localizado deambulando solo y desorientado en las calles de San Luis Potosí. Lo que llamó la atención de las autoridades locales no fue solo su edad, sino su origen: el menor era originario de Nayarit, a más de 400 kilómetros de distancia. Según reportes de Nnc, el menor fue trasladado a un albergue temporal mientras se investiga cómo llegó hasta allí y si fue víctima de un delito. La Fiscalía de San Luis Potosí ya abrió una carpeta de investigación, pero el caso ha puesto sobre la mesa una pregunta que incomoda: ¿por qué no se activó una alerta Amber o un protocolo de búsqueda inmediata desde Nayarit?

El hallazgo ocurrió en un contexto donde las alertas de desaparición en México suelen ser selectivas. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2024 se reportaron más de 12 mil desapariciones de menores en el país, pero solo un porcentaje mínimo activó mecanismos de búsqueda masiva. En este caso, el niño fue encontrado por ciudadanos que alertaron a la policía, no por un operativo coordinado entre estados. La pregunta es obvia: si el menor hubiera sido de una familia con recursos o conexiones políticas, ¿el protocolo habría sido el mismo?

El abogado Alejandro Fernández, quien representa a la familia Guzmán Franco en Nayarit, advirtió que «todas las madres solteras, comerciantes exitosos, estudiantes de Puerto Vallarta, vendedores ambulantes y albañiles están en peligro de ir a prisión» si se ven involucrados en un proceso penal, según declaraciones recogidas por Nnc.

El sistema judicial nayarita: entre despojos y simulaciones

Mientras el caso del menor acapara la atención, en Nayarit la familia Guzmán Franco continúa su lucha contra lo que describen como una «simulación del sistema de justicia». Según denunciaron públicamente, un juez negó la libertad bajo fianza a cuatro de sus miembros, quienes enfrentan acusaciones por presunto despojo de tierras en Rincón de Guayabitos. El argumento del juzgador para mantenerlos presos incluyó factores como que Almaluz Guzmán es madre soltera, que Giancarlo estudia en Puerto Vallarta residiendo en Bucerías, o que Luis Antonio se dedica a la venta ambulante de hamburguesas. Es decir, ser pobre o trabajador ahora es «factor de riesgo» para la autoridad judicial.

La familia sostiene que el proceso es parte de un despojo orquestado por el gobierno estatal en complicidad con el Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA). Aseguran que las autoridades ingresaron sin orden judicial a su domicilio, donde han vivido por generaciones amparados en un decreto de expropiación. El abogado Alejandro Fernández calificó la actuación del juez como discriminatoria y carente de sustento legal. «Estos criterios ponen en riesgo a miles de ciudadanos nayaritas», advirtió. Y no le falta razón: si ser madre soltera o vender hamburguesas es motivo para negar la libertad, entonces el sistema penal mexicano tiene un problema de origen.

San Luis Potosí: la ciudad verde que no puede con sus contradicciones

Mientras tanto, en San Luis Potosí —la ciudad donde apareció el menor— las autoridades presumen de ser «la más limpia y verde de México», según reportó Telemax. La urbe ha impulsado programas de reforestación masiva y construcción de instalaciones verdes. Sin embargo, el mismo artículo reconoce que la ciudad enfrenta «el reto de la actividad industrial y el crecimiento urbano que pueden generar impactos negativos en la calidad del aire». Es decir, el discurso verde choca con la realidad industrial: mientras se siembran árboles, las fábricas siguen contaminando.

La paradoja es evidente: una ciudad que se vende como ejemplo de sostenibilidad no pudo evitar que un niño nayarita deambulara solo por sus calles sin que nadie lo buscara. La desconexión entre las políticas públicas ambientales y la protección infantil es un reflejo de un país que prioriza la imagen sobre los derechos. Mientras San Luis Potosí presume de ser «la más limpia», sus autoridades de protección civil y fiscalía no lograron coordinar una búsqueda efectiva con Nayarit. El menor fue encontrado por ciudadanos, no por un sistema de alertas.

El bisonte, el gobernador y lo que no se dice

En otro rincón del país, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, recorrió la región de Cuenca Los Ojos para supervisar la reintroducción del bisonte, en coordinación con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. La noticia, difundida por Telemax, destaca los esfuerzos de conservación y restauración ecológica. Pero mientras el gobierno federal y estatal celebran la expansión del bisonte, en Nayarit una familia denuncia que el mismo gobierno está detrás del despojo de sus tierras. La contradicción no es menor: se protege a una especie animal mientras se criminaliza a ciudadanos que defienden su patrimonio.

El caso del niño nayarita en San Luis Potosí, la denuncia de la familia Guzmán Franco y los esfuerzos de conservación en Sonora son tres historias que, vistas en conjunto, dibujan un país donde las prioridades están invertidas. Mientras los reflectores se enfocan en la reintroducción de especies o en la imagen verde de una ciudad, los derechos humanos de los más vulnerables —un niño perdido, una madre soltera encarcelada— quedan en segundo plano. La pregunta que queda flotando es simple pero incómoda: ¿para quién funciona realmente el sistema?

Fuentes consultadas:

• Nnc – Familia Guzmán denuncia injusticias del sistema judicial de Nayarit
• Portal Seg Social Gob Es – Solicitar el Número de la Seguridad Social
• Telemax – Gobernador Durazo y Gobierno de México fortalecen la conservación del bisonte en Sonora