Lo que debes de saber
- Tres comunicadores detenidos desde el 21 de mayo en San Luis Potosí bajo la llamada «Ley IA».
- Al menos ocho órdenes de aprehensión más, incluida la periodista Anahí Torres González.
- Las detenciones ocurren tras la difusión de un video con IA que criticaba al gobernador Ricardo Gallardo.
- Article 19, CPJ y RSF denuncian un patrón de persecución judicial contra prensa crítica.
La ley que prometía regular deepfakes terminó siendo un arma contra periodistas
En noviembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma al Código Penal para castigar la manipulación digital de imágenes y voces con inteligencia artificial. La iniciativa, presentada por el diputado del Partido Verde Héctor Serrano, prometía proteger a los ciudadanos de los deepfakes. Seis meses después, esa misma ley se ha convertido en el instrumento para detener a tres comunicadores y amenazar a al menos ocho más, según documentan El Universal y La Silla Rota.
El 21 de mayo, elementos de la Fiscalía estatal detuvieron a Christian Herrera, administrador de la página «Código Rojo» en Ciudad Valles. Ese mismo día, agentes de la Policía de Investigaciones arrestaron a Eréndira Reyes Aguillón, directora de «San Wicho Times» —un medio digital crítico del gobernador Ricardo Gallardo—, frente a su domicilio y en presencia de sus nietos. Minutos después, su hija Alejandra Hermosillo, funcionaria municipal, también fue detenida. Infobae reporta que la Fiscalía justificó las detenciones por «presunta manipulación ilegal de imagen e identidad digital» al emplear, sin autorización, la representación visual de una persona pública para construir contenidos simulados.
El video que desató la tormenta
Las investigaciones, según Sopitas, comenzaron después de que en 2025 se difundiera un video en redes sociales donde una banda del crimen organizado acusaba a Gallardo de presunta corrupción. El gobernador denunció que el material había sido manipulado con inteligencia artificial para suplantar su imagen y voz. Un mes después, San Luis Potosí modificó su Código Penal para incluir en los artículos 187 y 187 Bis sanciones de hasta tres años de prisión por generar o difundir contenidos manipulados digitalmente.
«La manipulación ilegal de la identidad digital de una persona —que pues en su comunicado, la Fiscalía no indicó de quién se trataba», señala Sopitas citando el comunicado oficial.
El problema no es la ley en sí misma, sino su aplicación selectiva. Mientras el video original —que involucraba al crimen organizado— no generó detenciones masivas, las páginas que lo difundieron o comentaron se convirtieron en el blanco. Article 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitieron un pronunciamiento conjunto donde alertan que «las detenciones y órdenes de aprehensión se están utilizando para silenciar a voces críticas del gobierno estatal», según El Universal.
Detenciones con olor a arbitrariedad
El caso de Christian Herrera es particularmente turbio. Infobae detalla que fue detenido por presuntos elementos de la Fiscalía estatal y trasladado a la capital, pese a que existían oficinas de la Fiscalía en Ciudad Valles, donde radicaba. La razón formal del arresto sería el supuesto robo de una farmacia —un cargo que no ha sido confirmado y que contrasta con el contexto de la «Ley IA». Actualmente, Herrera permanece en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, «La Pila», incomunicado y sin acceso a su familia, lo que para las organizaciones configura una detención arbitraria.
Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo corrieron una suerte similar. El CPJ pidió retirar los cargos en su contra, argumentando que «la criminalización del periodismo crítico mediante leyes diseñadas para proteger la integridad digital es un precedente peligroso», reporta Sopitas. Las organizaciones también alertaron sobre órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas Anahí Torres González, periodista y directora de diversos medios digitales en San Luis Potosí.
El patrón que se repite: leyes contra la crítica
San Luis Potosí no es un caso aislado. En México, las llamadas «leyes mordaza» han evolucionado: antes eran delitos de difamación y calumnia; ahora se visten de modernidad con la regulación de inteligencia artificial. La diferencia es que antes los periodistas sabían exactamente qué los podía llevar a la cárcel —insultar, difamar—, mientras que ahora cualquier contenido que critique a un funcionario puede ser reinterpretado como «manipulación digital».
El gobernador Ricardo Gallardo ha negado cualquier injerencia en las detenciones, pero los hechos hablan por sí solos: las páginas detenidas —»Código Rojo» y «San Wicho Times»— eran conocidas por su línea editorial crítica hacia su administración. La coincidencia es demasiado perfecta para ser casualidad.
Mientras tanto, la Fiscalía de San Luis Potosí no ha proporcionado información clara sobre los cargos específicos contra los detenidos. La Silla Rota señala que el proceso judicial contra Reyes y Hermosillo se mantiene en la opacidad, y que las organizaciones de derechos humanos han solicitado acceso a las carpetas de investigación sin éxito.
El mensaje para los periodistas potosinos es claro: si criticas al poder, cualquier herramienta legal —incluso una diseñada para protegerte— puede ser usada en tu contra. La «Ley IA» prometía ser un escudo contra la desinformación; en San Luis Potosí se ha convertido en una espada contra la libertad de expresión.
Fuentes consultadas:
- Eluniversal – Artículo 19 denuncian persecución judicial contra periodistas en San Luis Potosí; detienen a tres por uso de IA
- Lasillarota – Denuncian persecución de periodistas en San Luis Potosí por uso de la “Ley IA” | La Silla Rota
- Infobae – Detienen a periodistas por presunto mal uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí: ONGs acusan persecución por “Ley IA” – Infobae
- Sopitas – Ley IA: Denuncian censura contra periodistas detenidos en San Luis Potosí
- Sinembargo –
