La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa el domingo 19 de abril de 2026 para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de incorporar el delito de abuso sexual por embarazo infantil. La propuesta busca modificar el capítulo III del código para denominarlo «Del Embarazo Infantil y el Estupro», estableciendo sanciones específicas para quienes, siendo mayores de edad, provoquen el embarazo de una persona menor de catorce años.
Detalles de la iniciativa legislativa
La iniciativa establece que comete el delito de abuso sexual por embarazo infantil quien, siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años, independientemente de que medie o no consentimiento de la menor. Se propone que este delito se persiga de oficio en todos los casos y sea sancionado con una pena de ocho a quince años de prisión, además de una sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización.
Otras sanciones incluyen la pérdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho de carácter familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño. Esta reparación contemplará como mínimo gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor, así como las que la autoridad determine.
La iniciativa también busca incrementar las penas en casos específicos, como cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad, se utilicen datos personales sensibles obtenidos o difundidos dolosamente para facilitar la aproximación a la víctima, si el agresor es servidor público o familiar de la menor, o si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor. En estos casos, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
Contexto y fundamentación
En su exposición de motivos, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira indicó que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de embarazos no deseados. Citó un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021, que estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.
La legisladora señaló que este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género, afectando a más niñas que niños, aunque muchos niños también se ven afectados. Las estimaciones sugieren que en 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y 1 de cada 20 niñas de entre 15 y 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida.
El embarazo en niñas y adolescentes se describe como un problema multifactorial que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, es un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional, aunque las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.
Próximos pasos
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, donde se evaluará su viabilidad y posibles ajustes antes de ser sometida a votación en el pleno legislativo.
