Grupo Vidanta acusado de ecocidio en el Sótano de las Golondrinas

El día que el turismo de lujo le declaró la guerra a las golondrinas

Imagina un santuario natural de 512 metros de profundidad, un refugio milenario donde cada año miles de aves, vencejos y pericos, llegan a anidar en sus paredes verticales. Ahora imagina que, en plena temporada de cría, un helicóptero se mete ahí como Pedro por su casa, revolviendo el aire y el silencio con sus aspas durante 40 minutos. El resultado no es difícil de adivinar: pánico, desbandada y muerte. Eso fue exactamente lo que pasó el 6 de mayo de 2024 en el Sótano de las Golondrinas, en Aquismón, San Luis Potosí, según la denuncia presentada en el Congreso por el diputado Francisco Javier Borrego Adame y recogida por Crónica. La aeronave, propiedad del Grupo Vidanta, ese emporio de resorts y campos de golf que vende paraísos en la costa, se aventuró a entre 20 y 30 metros de la boca del abismo, sin la autorización de la asamblea indígena Tének que custodia el territorio. El saldo oficial: al menos mil 200 aves muertas por estrés extremo. No las mató un depredador natural, no las mató una enfermedad. Las mató la idea de que un paisaje sagrado y protegido es el escenario perfecto para un paseo en helicóptero.

La multa que no pica ni corta

Aquí es donde la historia, de trágica, pasa a ser un manual de impunidad a la mexicana. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sí actuó. Investigó y, efectivamente, le cayó al Grupo Vidanta con una multa. El diputado Borrego Adame, en su punto de acuerdo, «reconoció» la labor de la dependencia, pero acto seguido soltó la bomba: las sanciones fueron «insuficientes frente al daño ecológico provocado». Es el clásico «se hizo lo que se pudo», pero aplicado a un ecocidio. ¿De cuánto fue la multa? Las fuentes no lo especifican, y esa opacidad ya es un dato en sí mismo. Lo que sí queda claro, como reporta San Luis El Universal, es la acusación directa a las empresas turísticas por «infringir los reglamentos comunitarios». Para una corporación del tamaño de Vidanta, una multa administrativa de la PROFEPA puede ser solo un costo operativo más, un impuesto por portarse mal. El verdadero costo, el de mil 200 vidas y el trauma a un ecosistema único, ese no aparece en sus estados financieros. La comunidad indígena de Unión de Guadalupe no necesita ver un balance general para entender la pérdida; ellos la viven en el silencio anormal del sótano.

«El 6 de mayo de 2024. helicópteros de Grupo Vidanta sobrevolaron el abismo natural entre 20 a 30 metros de altura durante 40 minutos, sin autorización de la asamblea indígena. Esta acción ocasionó la muerte de al menos mil 200 aves por estrés extremo.»

Pero el desmadre no paró ahí. Si creías que el escándalo y la (ínfima) multa servirían para que Vidanta y otros operadores se lo pensaran dos veces, te equivocaste. La misma denuncia legislativa, citada también por El Heraldo de San Luis Potosí, señala que los sobrevuelos han continuado. Se han registrado al menos 6 vuelos adicionales y otros más durante la Semana Santa, todos con fines turísticos. Es decir, el mensaje que quedó fue el contrario: aquí no pasa nada. La falta de una consecuencia penal contundente, la ausencia de una orden de cierre temporal de operaciones aéreas en la zona, o de la revocación de algún permiso, funcionó como un semáforo en verde. El ecoturismo se transformó, en la práctica, en un turismo de impacto extremo, donde el espectáculo vale más que la conservación. Y mientras, la Fiscalía General de la República (FGR) recibe un exhorto para investigar posibles violaciones graves a los derechos humanos de la comunidad y al medio ambiente. Un exhorto. En el país de la tortuga y la impunidad, ese es el primer paso de una carrera que puede durar décadas.

El verdadero abismo: entre el discurso y los hechos

Este caso es una radiografía perfecta de las contradicciones mexicanas en materia ambiental y de derechos indígenas. Por un lado, tenemos un gobierno que enarbola la bandera de la defensa de los pueblos originarios y la soberanía sobre los recursos naturales. Por el otro, tenemos a un gigante del turismo, un empleador masivo y generador de divisas, que opera con una lógica de mercado que choca frontalmente con esa protección. ¿Quién gana? La historia sugiere una respuesta. El Sótano de las Golondrinas no es un terreno baldío; es un Área Natural Protegida y, más importante, territorio de una comunidad indígena con autonomía sobre sus decisiones. Su asamblea dijo no, y el helicóptero voló igual. Eso no es solo una violación ambiental; es un pisoteo a la autodeterminación de un pueblo. El diputado Borrego lo enmarca así: es un ataque al derecho a un medio ambiente sano. Pero en la economía real, el peso de un decreto de protección o de un reglamento comunitario parece ser más ligero que el de un contrato turístico de alto nivel. La tragedia de las 1,200 aves es un síntoma de una enfermedad mayor: la incapacidad (o la falta de voluntad) para hacer que la ley, cuando se enfrenta al poder económico, tenga dientes de verdad. Mientras la justicia se pierde en exhortos y las multas sean solo un número en un recibo, el siguiente helicóptero ya está en el aire, y el siguiente ecocidio, a la vuelta de la esquina.

Fuentes consultadas:

• Cronica – Acusan ecocidio en el Sótano de las Golondrinas de San Luis Potosí
• Elheraldoslp – Denuncian ecocidio en el Sótano de las Golondrinas
• Sanluis Eluniversal – Acusan a grupo Vidanta de causar muerte de aves por sobrevolar el Sótano de las Golondrinas