FGR cita a Rocha Moya a declarar por acusaciones de narcotráfico

La citación que no dice nada

La Fiscalía General de la República (FGR) finalmente se movió. Casi un mes después de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusara a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sinaloenses por narcotráfico, la dependencia mexicana anunció que los citará a declarar. Según DW, la FGR busca avanzar «con seriedad y exhaustividad» en la indagatoria. Pero el comunicado oficial, reproducido también por El Economista, omite detalles que cualquier ciudadano preguntaría: ¿cuándo? ¿en qué calidad? ¿como imputados o testigos? La falta de concreción no es un descuido menor; es el talón de Aquiles de una investigación que, hasta ahora, parece más un ejercicio de relaciones públicas que un proceso penal serio.

La acusación de Estados Unidos, presentada el 29 de abril, sostiene que los señalados conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar drogas a cambio de apoyo político y sobornos. La lista incluye al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega y a varios exmandos policiacos. Pero el nombre que pesa es el de Rocha Moya, quien, según EFE, habría llegado al poder con el respaldo de la facción conocida como «Los Chapitos», los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. El gobernador con licencia ha calificado las acusaciones de «falsas y dolosas», pero la sombra de la duda ya se instaló.

El silencio de los detalles

Lo que más llama la atención del comunicado de la FGR es lo que no dice. No hay fechas de comparecencia, no se aclara si Rocha Moya y los otros nueve acusados serán citados como imputados o como testigos, y tampoco se informa si las entrevistas derivarán en nuevas diligencias, como órdenes de aprehensión o aseguramientos. La dependencia se limitó a señalar que actúa «con plena sujeción al debido proceso», una frase que en el argot jurídico mexicano suele traducirse como «vamos a ver si esto avanza». La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: «Si hay pruebas, que la fiscalía actúe». Pero mientras tanto, la FGR parece más preocupada por mostrar que hace algo que por hacerlo bien.

«El caso se encuentra dentro de los respectivos planes de investigación y se actúa con plena sujeción al debido proceso», sostuvo la FGR en el documento oficial, según El Economista.

Esta ambigüedad no es nueva. En casos anteriores de políticos mexicanos señalados por Estados Unidos —como el de César Duarte en Chihuahua o Javier Duarte en Veracruz— la FGR también tardó en reaccionar y lo hizo con comunicados vagos que, al final, no impidieron que los procesos se estancaran. La diferencia es que ahora el acusado es un gobernador en activo (con licencia) del partido en el poder, lo que añade una capa de complejidad política que la fiscalía no puede ignorar.

El congelamiento preventivo y la presión de Washington

Mientras la FGR avanza con pies de plomo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tomó una medida concreta: congeló las cuentas bancarias de Rocha Moya de forma preventiva. Sheinbaum confirmó que la acción se debió a la orden de aprehensión emitida en Estados Unidos y a la relación del sistema financiero mexicano con bancos estadounidenses. Es decir, no fue una decisión autónoma de la UIF, sino una consecuencia de la presión internacional. Esto revela que, mientras el gobierno mexicano insiste en que no extraditará a los acusados hasta que Washington presente pruebas, el sistema financiero global ya está actuando por su cuenta.

La pregunta que flota en el aire es si la FGR realmente investigará con profundidad o si la citación es solo una cortina de humo para calmar a la opinión pública y a los socios comerciales. El hecho de que la dependencia no haya detallado la calidad procesal de los citados sugiere que, por ahora, no hay una imputación formal en México. Esto deja a Rocha Moya en un limbo jurídico: acusado por Estados Unidos, pero sin un proceso penal claro en su país. Una situación incómoda para un gobernador que, hasta hace un mes, era el rostro de la Cuarta Transformación en Sinaloa.

Lo que viene: entre la política y la justicia

El caso de Rocha Moya es un termómetro de cómo el gobierno de Sheinbaum maneja las acusaciones de narcotráfico contra sus propios cuadros. La presidenta ha repetido que no protegerá a nadie con vínculos criminales, pero la realidad es que la FGR actúa con una lentitud que contrasta con la urgencia del caso. Mientras tanto, el gobernador con licencia ya reapareció en redes sociales para informar que recibió el citatorio, según reportó Milenio, citado por DW. Un movimiento que parece más de comunicación política que de sumisión a la justicia.

La acusación de Estados Unidos no es un simple rumor; es un documento formal presentado ante una corte federal. Si la FGR no actúa con la misma contundencia, el mensaje que envía es que, en México, los políticos pueden ser señalados por narcotráfico desde el extranjero sin que pase nada en casa. Y eso, más que un problema de Rocha Moya, es un problema de todo el sistema de justicia mexicano.

Fuentes consultadas:

• Dw – México cita a gobernador acusado de narcotráfico por EE.UU.
• Eleconomista – FGR cita a Rubén Rocha Moya a declarar por acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos
• Efe – La Fiscalía de México cita a declarar a Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa acusados por EE.UU.