EU acusa a Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por narcotráfico

El día que la diplomacia se rompió en Sinaloa

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó una bomba que sacudió los cimientos de la política mexicana. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios de alto nivel, fue acusado formalmente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspirar con el Cártel de Sinaloa. Según reporta El País, los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, delitos que conllevan una pena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua. No es una acusación menor: es el señalamiento más grave contra un gobernador en funciones desde los tiempos de los Cárdenas y los Borge.

La lista de acusados lee como un directorio del poder en Sinaloa: el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, varios secretarios de seguridad, fiscales y mandos policiacos. Excelsior detalla que Inzunza, originario de Badiraguato como Rocha, fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa antes de convertirse en secretario general de Gobierno y luego senador. Su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño, es magistrada del Poder Judicial desde 2021. La red tejida no solo era política: también tocaba las togas.

«A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con ‘Los Chapitos’ en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.» — Expansión Política

De la academia al banquillo: el viaje de Rocha

La trayectoria de Rubén Rocha Moya es, cuando menos, paradójica. Diario.mx recuerda que este matemático de 76 años, originario de Badiraguato —el mismo municipio que vio nacer a los capos más sanguinarios—, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, escribió libros sobre democracia y narcotráfico, y militó en el PRI antes de abrazar la izquierda de Morena. Su llegada a la gubernatura en 2021, apadrinado por Andrés Manuel López Obrador, parecía el triunfo de un académico sobre la vieja política. Pero la acusación de EU pinta un cuadro distinto: que su ascenso fue financiado y orquestado por Los Chapitos, la facción más violenta del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía neoyorquina sostiene que el cártel intervino en las elecciones de noviembre de 2021 mediante secuestros e intimidación de adversarios políticos para asegurar la victoria de Rocha. A cambio, el gobernador habría asistido a reuniones con los líderes del grupo criminal y les prometió impunidad total. El resultado: Sinaloa se convirtió en un santuario para Los Chapitos, mientras la violencia se desbordaba y los cuerpos aparecían en las calles de Culiacán. La contradicción es brutal: un hombre que escribió sobre el narcotráfico terminó acusado de ser su cómplice.

La respuesta de la 4T: negación y victimización

La reacción del gobierno mexicano fue predecible. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde asegura que recibió las solicitudes de detención con fines de extradición, pero que Washington no ha enviado «elementos de prueba» de la culpabilidad de los acusados. Rocha, por su parte, calificó la acusación como un ataque a la Cuarta Transformación. El discurso de siempre: el imperio nos persigue. Pero esta vez el expediente es público, los nombres están escritos y las penas son concretas. No es una carta anónima ni un rumor de pasillo: es una acusación formal de una fiscalía federal estadounidense, respaldada por la DEA y presentada ante un juez.

El senador Inzunza, mientras tanto, sigue en su escaño, presidiendo la Comisión de Estudios Legislativos y participando en las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia. La misma persona que EU acusa de narcotráfico legisla sobre el sistema judicial mexicano. La ironía es tan espesa que se corta con cuchillo. Y mientras tanto, en Sinaloa, la violencia no cesa: las disputas entre Los Chapitos y Los Mayos han dejado cientos de muertos en los últimos meses, y la población civil sigue atrapada en medio del fuego cruzado.

Lo que viene: extradiciones, pruebas y un país en shock

La SRE ha dicho que revisará la solicitud de extradición y que la Fiscalía General de la República determinará si existen elementos probatorios conforme al sistema jurídico mexicano. Pero el problema no es jurídico: es político. ¿Cómo procesa México a un gobernador en funciones acusado por EU de narcotráfico? ¿Se atreverá la Fiscalía a actuar, o se refugiará en la falta de pruebas para no enfrentar a Morena? La historia reciente no da muchas esperanzas: los casos de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge terminaron con condenas, pero solo después de que los gobernadores perdieran el poder y el respaldo político.

Lo que queda claro es que la acusación de Nueva York no es un error diplomático ni una provocación. Es el resultado de años de investigación, de seguimiento de dinero, de interceptación de comunicaciones y de testimonios de testigos protegidos. Si las pruebas existen, México tendrá que decidir si las acepta o si prefiere seguir el guion de la victimización. Y mientras tanto, en Badiraguato, en Culiacán, en todo Sinaloa, la gente sigue preguntándose: ¿quién gobierna realmente aquí?

Fuentes consultadas:

• Elpais – Estados Unidos acusa al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa por vínculos con el narcotráfico | EL PAÍS México
• Excelsior – ¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado por EU de narcotráfico?
• Diario – Rubén Rocha, de académico a Gobernador implicado
• Politica Expansion – Rubén Rocha Moya, el gobernador de Morena acusado por Estados Unidos de narcotráfico