EU acusa a Rocha Moya de narcotráfico; FGR dice que no hay pruebas

La acusación que sacude Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas —entre ellas el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez— de asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Según reporta El Financiero, la acusación describe una conspiración «corrupta y violenta» en la que los funcionarios habrían protegido a líderes del cártel de ser investigados, arrestados y enjuiciados, además de filtrar información confidencial de seguridad y del Ejército mexicano para facilitar las operaciones delictivas. La jueza federal Katherine Polk Failla lleva el caso, que se suma a la creciente lista de señalamientos de Washington contra políticos mexicanos.

Pero lo que hace este caso particularmente explosivo no es solo la gravedad de los cargos —que incluyen tráfico de armas y, para uno de los acusados, Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, participación en secuestros que resultaron en la muerte de una fuente de la DEA y un familiar— sino la respuesta inmediata del gobierno mexicano. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su vocero Ulises Lara López, declaró que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición «no aportan evidencias contundentes» que sustenten las acusaciones, según cita La Razón. La postura de la FGR es clara: sin pruebas sólidas conforme a la ley mexicana, no hay extradición que valga.

«El tratado bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país», subrayó Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

El fuero como escudo

Aquí entra el primer punto que no se dice abiertamente pero que flota en el ambiente: el fuero constitucional. Tanto Rocha Moya como el senador Inzunza Cázarez gozan de inmunidad procesal, lo que significa que, para ser extraditados, primero tendrían que ser desaforados mediante una declaratoria de procedencia. La FGR ya lo recordó, y no es casualidad. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió las solicitudes de detención provisional el 28 de abril, pero el proceso se anuncia lento y lleno de filtros legales. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta qué punto la defensa del fuero es un mecanismo legal legítimo y no una forma de proteger a los acusados?

El diario La Jornada reporta que la acusación de Estados Unidos señala que los funcionarios ordenaron a policías estatales y municipales que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y trasladados a EU. Es decir, no se trata de una acusación vaga: hay una descripción detallada de una estructura de protección que involucraba a las fuerzas del orden locales. Si esto es cierto, el nivel de penetración del Cártel de Sinaloa en el gobierno estatal sería alarmante. Pero si es falso, la acusación de EU sería un golpe político de proporciones mayúsculas contra un gobernador de Morena, en un contexto donde la relación bilateral ya está tensa por la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas.

La sombra de ‘Los Chapitos’

El nombre de Los Chapitos —la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán— aparece en la acusación como el grupo al que Rocha Moya presuntamente protegía. Esto no es menor: Los Chapitos han sido señalados por la DEA como los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, una crisis que Washington ha convertido en prioridad de seguridad nacional. Que un gobernador en funciones sea acusado de protegerlos implica que la estrategia de «abrazos, no balazos» del gobierno de Andrés Manuel López Obrador —y ahora de Claudia Sheinbaum— tendría un agujero negro en Sinaloa. La versión de El País, aunque no accesible en su totalidad, apunta a que la acusación incluye a diez funcionarios, lo que sugiere una red de complicidades que va más allá de una sola persona.

Pero la FGR insiste en que las pruebas no son contundentes. Y aquí el lector tiene derecho a preguntarse: ¿qué considera «contundente» la fiscalía mexicana? Porque si la DEA presentó testimonios, comunicaciones intervenidas y seguimientos financieros —como suele hacer en casos de alto perfil—, el estándar mexicano para aceptar una extradición podría estar siendo elevado a propósito. O, por el contrario, la acusación de EU podría ser tan endeble como la FGR sugiere, basada en informantes poco confiables o en inteligencia que no cumple con los requisitos de la ley mexicana. En cualquier caso, el resultado es el mismo: un impasse diplomático que deja a Rocha Moya en su cargo, mientras la opinión pública se divide entre quienes lo ven como víctima de una persecución política y quienes lo consideran un gobernador capturado por el narco.

Lo que no se dice: el contexto político

No se puede analizar esta acusación sin considerar el momento político. Estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027 en México, y el partido en el poder, Morena, enfrenta su primera crisis de credibilidad seria en materia de combate al narcotráfico. La designación de los cárteles como grupos terroristas por parte de EU el año pasado ya había puesto contra las cuerdas al gobierno mexicano, que rechazó la medida por considerarla una intromisión en su soberanía. Ahora, con un gobernador morenista acusado directamente, la narrativa de que «el narco no gobierna» se tambalea. La respuesta de la FGR —minimizar las pruebas— puede leerse como un intento de contener el daño político, pero también corre el riesgo de ser interpretada como una señal de complicidad.

El dato más escalofriante de la acusación, según El Financiero, es que uno de los acusados —Juan Valenzuela Millán— está señalado por su participación en secuestros que resultaron en la muerte de una fuente de la DEA y un familiar. Esto sugiere que la red de protección no solo facilitaba el tráfico de drogas, sino que también eliminaba a quienes colaboraban con las autoridades estadounidenses. Si esto se confirma, estaríamos ante un nivel de violencia y control territorial que trasciende lo meramente económico. Y sin embargo, la FGR dice que no hay evidencias contundentes. ¿Qué más necesitan? ¿Un video del gobernador recibiendo un cargamento de fentanilo?

Al final, lo que queda es una sensación de déjà vu. México y Estados Unidos han tenido decenas de enfrentamientos diplomáticos por acusaciones de narcotráfico contra funcionarios mexicanos, desde el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo hasta el del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En todos ellos, el gobierno mexicano primero negó, luego resistió y finalmente, en algunos casos, terminó cediendo. La diferencia ahora es que el acusado es un gobernador en funciones, con fuero, y el partido en el poder tiene todo que perder si las acusaciones resultan ciertas. La pregunta que nadie responde es: si EU tiene pruebas, ¿por qué no las presenta de manera más contundente? Y si no las tiene, ¿por qué acusa a un gobernador? La respuesta, como casi siempre en esta relación bilateral, probablemente esté en algún lugar incómodo entre la geopolítica y la impunidad.

Fuentes consultadas:

• Jornada – EU acusa a gobernador Rocha Moya de narcotráfico; lo señalan de proteger a «Los Chapitos»
• El País – Estados Unidos acusa al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa por vínculos con el narcotráfico
• El Financiero – EU acusa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otras 9 personas de narcotráfico
• La Razón – Acusación de EU contra Rubén Rocha no presenta evidencias contundentes: FGR