EE.UU. acusa a Rocha Moya: el gobernador de Sinaloa y el narco

El día que la 4T perdió la máscara en Sinaloa

El miércoles 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó una bomba que sacudió los cimientos del poder en México: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y miembro de Morena, fue acusado formalmente ante un tribunal federal de Nueva York por narcotráfico. No es un rumor, no es una filtración: es una acusación con nombre, apellido y 10 funcionarios más. La BBC reportó que el mandatario estatal, de 76 años y quien termina su mandato en 2027, está señalado por «haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos». La pregunta que flota en el aire, densa como el humo de los narcocampamentos en la sierra, es: ¿cómo es posible que un gobernador en funciones, del partido que prometió acabar con la corrupción, esté acusado de ser socio del cártel más sanguinario del continente?

El caso fue presentado ante la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla, en el Distrito Sur de Nueva York, el mismo tribunal que ha procesado a capos como Joaquín «El Chapo» Guzmán. La acusación no es contra un funcionario menor: incluye a Enrique Inzunza, senador de Morena; Juan de Dios Gámez, presidente municipal de Culiacán; Dámaso Castro, vicefiscal estatal; y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, entre otros. Según la DW, la fiscalía asegura que todos ellos «se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos». No es una acusación aislada: es una radiografía de cómo el crimen organizado puede cooptar a todo un gobierno estatal, desde el gobernador hasta el vicefiscal.

«Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo», dijo el fiscal federal Jay Clayton, citado por la BBC.

El contexto que lo explica todo

La acusación no llega en el vacío. Sinaloa ha sido el epicentro de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa —los Chapitos contra los Mayos— que ha dejado miles de muertos y una violencia que parece no tener fin. Rocha Moya, quien asumió el cargo en 2021, ha gobernado en medio de esa tormenta, pero la acusación sugiere que no solo no la combatió, sino que se benefició de ella. La Nación contextualiza que este escándalo ocurre justo después de que dos agentes de la CIA murieran en un accidente en Chihuahua durante un operativo antinarcóticos no autorizado por México, lo que elevó la tensión diplomática al máximo. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, había criticado la corrupción en el país apenas una semana antes, durante una inauguración de obras en Sinaloa. ¿Coincidencia? Parece más una coreografía: EE.UU. está enviando un mensaje claro de que ya no tolerará la complicidad entre políticos y narcos, y lo hace justo cuando la relación bilateral está más frágil que nunca.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya recibió una solicitud de detención con fines de extradición, según informó la BBC. Pero aquí viene lo interesante: la FGR, que depende del gobierno de Claudia Sheinbaum, tendrá que decidir si entrega a un gobernador de su propio partido. En Culiacán, los pobladores no se sorprendieron: según la DW, señalaron que la posible colusión del gobernador con el crimen organizado «explica la crisis de seguridad en el estado». Esa es la voz de la calle, la que no necesita acusaciones formales para saber lo que todos intuían: que el poder en Sinaloa está manchado de sangre y dinero sucio.

Lo que no se dice: la podredumbre del sistema

La acusación contra Rocha Moya no es un caso aislado de corrupción; es la punta del iceberg de un sistema donde el crimen organizado y el Estado mexicano han tejido alianzas durante décadas. Que un gobernador de Morena, el partido que llegó al poder prometiendo acabar con la «mafia del poder», esté acusado de narcotráfico no es solo una ironía: es una evidencia de que la 4T no ha podido —o no ha querido— romper esos vínculos. La acusación incluye a un senador, a un presidente municipal y a un vicefiscal: eso no es una red de funcionarios corruptos, es un gobierno estatal entero operando como fachada del narco. Y mientras tanto, en el Congreso de la Unión, los diputados de Morena piden «respeto a la soberanía» y acusan a EE.UU. de injerencia. Pero la soberanía no se defiende protegiendo a gobernadores señalados por la justicia estadounidense; se defiende combatiendo la corrupción desde adentro.

El dato más escalofriante lo da la BBC: Rocha Moya y los otros acusados son vinculados a «Los Chapitos», la facción del Cártel de Sinaloa que dirigen los hijos de El Chapo Guzmán. Es decir, no se trata de una asociación con narcotraficantes genéricos, sino con la facción más violenta y poderosa del cártel, la misma que ha sembrado el terror en Culiacán con balaceras, bloqueos y fosas clandestinas. La acusación dice que el gobernador «colaboró» con ellos. ¿Colaboró? La palabra suena a eufemismo: si un gobernador colabora con un cártel, entonces el cártel gobierna. Y si el cártel gobierna, ¿qué papel juega el Estado mexicano? El de un convidado de piedra, o peor, el de un cómplice.

El futuro inmediato: ¿extradición o impunidad?

La FGR tiene ahora la pelota en su cancha. La solicitud de extradición está sobre la mesa, y el gobierno de Sheinbaum tendrá que decidir si entrega a Rocha Moya o si lo protege bajo el manto de la «soberanía nacional». Pero hay un problema: si lo protege, confirma las acusaciones de EE.UU. de que México es un narcoestado. Si lo entrega, admite que su propio partido alberga a narcotraficantes. Es un callejón sin salida, y la única salida honesta sería investigar a fondo y castigar a todos los implicados, sin importar su afiliación política. Pero en México, la justicia selectiva es la norma: los funcionarios de oposición van a la cárcel, los de Morena reciben «licencias» o «procesos» que nunca terminan. La acusación de EE.UU. pone a prueba esa doble moral: ¿será Rocha Moya tratado como un delincuente común o como un político protegido?

Mientras tanto, en Sinaloa, la violencia no para. Los habitantes de Culiacán saben que el gobernador acusado no es una sorpresa: es la confirmación de lo que han vivido en carne propia. La pregunta que queda flotando, incómoda y necesaria, es: ¿cuántos otros gobernadores, alcaldes y diputados están en la misma situación? Porque si la acusación contra Rocha Moya es real, entonces el problema no es un hombre, sino un sistema. Y ese sistema, señores, no se cambia con un discurso ni con una reforma: se cambia con cárcel. Y en México, la cárcel para los políticos sigue siendo una utopía.

Fuentes consultadas:

• Bbc – Rubén Rocha Moya: la justicia de EE.UU. acusa al gobernador del estado mexicano de Sinaloa de colaborar con el cartel de “Los Chapitos”
• Dw – EEUU acusa de narcotráfico a gobernador oficialista mexicano
• Lanacion Com Ar – Trump lleva a EE.UU. a una crisis inédita con México