Lo que debes de saber
- El Departamento de Justicia de EU acusó a 10 políticos y exfuncionarios de Sinaloa, encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya, de conspirar con Los Chapitos para traficar drogas a cambio de apoyo político y sobornos.
- La acusación detalla que Los Chapitos habrían ayudado a Rocha a ganar la gubernatura robando papeletas y secuestrando opositores, y que a cambio el gobernador les garantizó impunidad.
- Entre los señalados están el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, el vicefiscal Dámaso Castro y varios exjefes policiacos, lo que sugiere una captura institucional del estado.
- Las penas mínimas son de 40 años de prisión y podrían llegar a cadena perpetua, en un caso que marca un nuevo nivel de tensión en la relación bilateral México-EU.
La lista que incomoda a Palacio Nacional
Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó una bomba que retumbó en los pasillos de Palacio Nacional y en las calles de Culiacán. A través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según reporta Nacion321, la acusación no solo señala a Rocha por proteger a los hijos de El Chapo, sino que detalla cómo presuntamente llegó al poder: con ayuda de los mismos criminales.
“Para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de Los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a sus miembros que robaran las papeletas con votos de sus oponentes”, señala el documento de la acusación, citado por Nacion321.
La lista de imputados es un quién es quién del poder sinaloense: el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, y varios exjefes de la policía estatal y municipal, entre ellos Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”) y Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”). Como documenta Biobiochile Cl, la acusación incluye cargos de conspiración para importar drogas, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, con penas mínimas de 40 años de prisión y posibilidad de cadena perpetua.
Un estado capturado desde adentro
Lo que más llama la atención no es solo la cantidad de señalados, sino los cargos que ocupaban. No son operadores de bajo nivel: estamos hablando del gobernador, el senador, el alcalde de la capital, el vicefiscal y los jefes de la policía de investigación. Como apunta Poresto, la Fiscalía de Nueva York subraya que estos perfiles estaban directamente vinculados con tareas de seguridad, procuración de justicia o administración pública, lo que habría facilitado el acceso a información sensible y el control territorial. En otras palabras, si la acusación resulta cierta, el Cártel de Sinaloa no solo operaba con impunidad: operaba desde el gobierno.
La acusación detalla que, desde que Rocha asumió la gubernatura en noviembre de 2021, “prometió” proteger a Los Chapitos mientras ellos distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Según Actualidad Rt, Washington sostiene que el gobernador “permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”. Y no solo eso: a cambio de esa protección, el grupo criminal le habría garantizado el triunfo electoral mediante el robo de urnas y la intimidación de candidatos opositores. Si esto se confirma, estaríamos ante uno de los casos más graves de captura del Estado por el crimen organizado en la historia reciente de México.
El detalle que nadie quiere ver: la red de protección iba más allá de Rocha
Uno de los puntos más inquietantes de la acusación es que no se limita al gobernador. La red incluye a Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y exsecretario general de Sinaloa; a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; y a Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado. Como reporta Diariobasta, la investigación también alcanza a los exjefes de la policía de investigación y al exsecretario de Seguridad Pública estatal, lo que sugiere que la complicidad con el narco no era un asunto de una sola persona, sino una estructura institucionalizada.
El caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, es particularmente grave: según la acusación, participó en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar. Esto ya no es solo corrupción pasiva; es violencia directa contra agentes de inteligencia estadounidenses. La pregunta que flota en el aire es: ¿cuánto sabía el gobierno federal de todo esto? Porque si la DEA tenía información de que un comandante municipal participó en el asesinato de una de sus fuentes, es difícil creer que en la Ciudad de México no tuvieran ni idea.
Las drogas que cruzaron la frontera con protección oficial
La acusación no se anda con rodeos: los funcionarios señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir a Estados Unidos fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en cantidades masivas. Como detalla UnoTV, a cambio de sobornos y apoyo político, los acusados protegieron operaciones del cártel, filtraron información sensible y facilitaron el traslado de droga hacia territorio estadounidense. Esto explica por qué, a pesar de los operativos y las detenciones de alto perfil, el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos no se detiene: porque parte de la protección viene desde adentro del gobierno.
El dato que debería indignar a cualquier mexicano es que, mientras el gobierno federal presume de la captura de capos y de la cooperación con la DEA, resulta que el propio gobernador de uno de los estados más estratégicos para el narco estaba, presuntamente, del otro lado de la mesa. Y no solo él: todo su gabinete de seguridad, su fiscal adjunto, su secretario de finanzas y hasta el alcalde de la capital del estado. Es como si el árbitro estuviera jugando en el equipo contrario, pero con el silbato puesto.
Lo que viene: extradiciones, tensión diplomática y un gobierno federal en la cuerda floja
Las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York no son una simple nota diplomática. Son cargos formales que implican solicitudes de extradición. Y aquí viene el verdadero problema para el gobierno de México: si decide proteger a Rocha y a los demás señalados, quedará como cómplice; si los entrega, quedará como un gobierno que no controla a sus propios funcionarios. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya respondió que las solicitudes de extradición “no tienen pruebas suficientes”, según reporta Poresto, pero esa postura se tambalea cuando la acusación viene de una corte federal de Nueva York, con décadas de experiencia en casos de narcotráfico.
El caso abre un nuevo frente de tensión entre México y Estados Unidos, justo cuando la cooperación en seguridad parecía haber mejorado tras años de roces. Pero más allá de la geopolítica, lo que queda es una sensación amarga: la de un país donde el crimen organizado no solo compra conciencias, sino que compra gobiernos enteros. Y mientras eso siga siendo posible, ninguna captura de capo, por más espectacular que sea, va a resolver el problema de fondo.
Fuentes consultadas:
- Nacion321 – Rubén Rocha, un senador y el alcalde de Culiacán ¿A quiénes acusa EU de nexos con el narco?
- Biobiochile Cl – EEUU acusa al gobernador de Sinaloa y al alcalde de Culiacán de tener vínculos con el narcotráfico
- Poresto – EU revela red de alto nivel en Sinaloa ligada al narco que involucra al gobernador, senador y mandos de seguridad
- Diariobasta – EU acusa al gobernador de Sinaloa – Diario Basta!
- Actualidad Rt – EE.UU. acusa a un gobernador mexicano de vínculos con el narco
- Unotv – EE.UU. acusa a Rubén Rocha y nueve funcionarios por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa – UnoTV
