EU acusa a Rocha Moya: gobernador de Sinaloa y 9 funcionarios, señalados por narcotráfico

La acusación de la fiscalía de Nueva York revela una red de protección al Cártel de Sinaloa que incluye desde policías m

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Lo que debes de saber

  • El Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a 9 funcionarios más de narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa.
  • Los cargos, presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señalan que desde 2021 Rocha protegió a ‘Los Chapitos’ a cambio de sobornos.
  • Entre los acusados están el alcalde de Culiacán, un senador, el vicefiscal de Sinaloa y varios exjefes policiacos.
  • La acusación detalla que los funcionarios proporcionaban información confidencial y protegían cargamentos de droga, incluyendo fentanilo, heroína y cocaína.
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Tomado de: Infobae

La acusación que sacude Sinaloa

El miércoles 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó una bomba que retumbó en todo México: acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios —entre ellos el alcalde de Culiacán, un senador y el vicefiscal del estado— de delitos de narcotráfico y portación de armas ligados al Cártel de Sinaloa. No es una acusación menor: la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la misma que ha tumbado a capos históricos, presentó cargos que describen una red de protección que iba desde la policía municipal hasta la cúpula del gobierno estatal.

Según RT, la acusación sostiene que desde que Rocha asumió la gubernatura en 2021, «prometió» proteger a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, mientras estos «distribuían grandes cantidades de drogas» a Estados Unidos. En otras palabras, el gobierno de Sinaloa habría operado como una extensión del cártel, permitiendo que la facción más violenta del crimen organizado actuara con total impunidad. La Jornada reporta que la hipótesis de Washington incluye que ‘Los Chapitos’ ayudaron a Rocha a ser electo, «secuestrando e intimidando a sus rivales».

«Es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen», declaró el embajador de EU en México, Ronald Johnson, al anunciar los cargos, según Infobae.

Los nombres y los cargos

La lista de acusados es un quién es quién de la estructura de poder en Sinaloa. Además del gobernador, están: Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Enrique Inzunza Cazarez, senador de la República; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad; José Antonio Dionisio Hipólito, exdirector de la Policía Estatal; Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán; y los exdirectores de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez. Todos son señalados de conspirar para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de proteger a los líderes del cártel para evitar su detención.

La acusación detalla que los funcionarios «ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos», según Infobae. También proporcionaban información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército Mexicano a los miembros del cártel, y permitían que cometieran actos de violencia sin consecuencia alguna. A cambio, recibían «miles de dólares».

La defensa de Rocha: «Carece de veracidad»

Horas después de que se hicieran públicos los cargos, el gobernador Rocha Moya salió a defenderse. RT reportó que el mandatario calificó la acusación de «carecer de veracidad» y aseguró que colaborará con las autoridades para demostrar su inocencia. Sin embargo, la contundencia de los señalamientos —que incluyen desde sobornos hasta protección directa a cargamentos de fentanilo— deja poco espacio para medias tintas. La pregunta que flota en el aire es: ¿cómo es posible que un gobernador en funciones, un senador y un alcalde sean señalados por la fiscalía más poderosa del mundo sin que haya habido señales de alerta antes?

El caso recuerda a otras acusaciones de alto perfil contra funcionarios mexicanos, como la del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa. Pero aquí hay un agravante: Rocha Moya es un gobernador en activo, miembro de Morena, el partido que llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción y la impunidad. La ironía no se le escapa a nadie: mientras el presidente López Obrador presume de haber reducido la violencia, su propio gobernador en Sinaloa es acusado de ser el protector de la organización criminal más poderosa del país.

Lo que no se dice

Más allá de los nombres y los cargos, lo que realmente incomoda es la normalización de esta relación entre el poder político y el crimen organizado. No es un caso aislado: es un patrón que se repite en todo México, desde gobiernos municipales hasta estatales. La acusación contra Rocha Moya no solo expone a un gobernador, sino que pone en evidencia un sistema donde la línea entre el Estado y el narco es tan delgada que a veces ni existe. Y mientras tanto, los ciudadanos de Sinaloa —y de todo México— siguen atrapados entre la violencia de los cárteles y la complicidad de quienes deberían protegerlos.


Fuentes consultadas:

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Tomado de: Actualidad Rt

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