EU acusa a Rocha Moya y 9 funcionarios por vínculos con Los Chapitos

El Departamento de Justicia de EU revela una red de protección institucional al Cártel de Sinaloa que incluye al goberna

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Lo que debes de saber

  • El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de EU por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.
  • La acusación incluye a 9 funcionarios más, entre ellos el senador de Morena Enrique Inzunza Cazarez y exjefes policiacos, por presuntamente proteger a Los Chapitos.
  • Según la Fiscalía de Nueva York, Rocha Moya habría recibido apoyo electoral de Los Chapitos a cambio de permitirles operar con impunidad en Sinaloa.
  • Las penas van de 40 años a cadena perpetua. El gobernador ya rechazó las acusaciones.
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Tomado de: Proceso

La acusación que sacude Sinaloa

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su círculo político por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Según reporta Proceso, el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron los cargos que incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Las penas son brutales: una mínima obligatoria de 40 años de prisión y la posibilidad de cadena perpetua. No es cualquier cosa: es la primera vez que un gobernador en funciones es señalado directamente por la justicia estadounidense con este nivel de detalle y contundencia.

“Los acusados son todos funcionarios actuales o anteriores de alto rango del gobierno y de las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, explicó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, según Proceso.

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Tomado de: Vanguardia

Los otros nueve: una red de protección institucional

La acusación no se limita al gobernador. Vanguardia detalla que los otros implicados incluyen al senador de Morena Enrique Inzunza Cazarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el fiscal general adjunto Damaso Castro Zaavedra, y varios exmandos policiacos como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Nunez (alias “Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito (alias “Tornado”), Juan de Dios Gamez Mendivil y Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”), excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Este último, según la Fiscalía, podría ser sentenciado obligatoriamente a cadena perpetua. La lista es una radiografía de cómo el crimen organizado habría infiltrado no solo la política, sino también las corporaciones de seguridad del estado. No son perfiles menores: son las personas que, en teoría, deberían combatir al narco, no protegerlo.

El pacto: votos por impunidad

Lo más revelador de la acusación, según Nacion321, es la descripción del supuesto pacto. Estados Unidos define a Rocha Moya como “un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, con el apoyo de ‘Los Chapitos’”. El documento sostiene que, para respaldar su elección, Los Chapitos ordenaron robar papeletas electorales, secuestrar e intimidar a candidatos de la oposición. A cambio, Rocha Moya habría asistido a reuniones con líderes del cártel, custodiadas por sicarios armados, donde prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas. Desde entonces, según la acusación, “ha permitido que ‘Los Chapitos’ operen con impunidad en Sinaloa” y ha colocado a funcionarios corruptos en puestos clave del gobierno estatal y las fuerzas del orden. Si esto se confirma, no es solo corrupción: es una cooptación total del Estado por parte del crimen organizado.

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Tomado de: Politico

La respuesta de Rocha Moya: negación y silencio

El gobernador, como era de esperarse, rechazó las acusaciones. Politico reporta que Rocha Moya negó los señalamientos del Departamento de Justicia, aunque hasta el momento no ha ofrecido una defensa detallada ni ha presentado pruebas que contradigan la narrativa estadounidense. La pregunta que flota en el aire es: ¿qué hará el gobierno federal? Porque no es un asunto menor: un gobernador de Morena, el partido en el poder, está siendo acusado por la justicia de Estados Unidos de ser un operador del narco. Y no es el primero. La historia reciente está llena de casos donde políticos mexicanos han terminado en cortes estadounidenses, pero este tiene un ingrediente adicional: la acusación describe un nivel de institucionalización del crimen que pocas veces se había documentado con tanta claridad.

Lo que sigue: ¿cadena perpetua o extradición?

El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, según El País. Las penas son severas: cadena perpetua para Rocha Moya y la mayoría de los acusados, con una mínima de 40 años. Pero para que eso ocurra, tendrían que ser extraditados a Estados Unidos, un proceso que puede ser largo y políticamente complejo. Mientras tanto, en México, la pregunta es si la Fiscalía General de la República actuará o si, como ha ocurrido en otros casos, el gobierno federal optará por el silencio cómplice. Porque si algo ha quedado claro es que la impunidad en México no es un accidente: es una política.


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