Lo que debes de saber
- EU acusó al gobernador de Sinaloa y 9 funcionarios por conspiración para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
- Los acusados habrían protegido a líderes del Cártel de Sinaloa y filtrado información de inteligencia a cambio de sobornos.
- La denuncia en Nueva York y Texas también vincula a la cúpula de MORENA con financiamiento del narco en campañas.
- Rocha Moya había declarado en 2023 que controlar cárteles ‘no es asunto nuestro’, contradiciendo ahora su propia defensa.
El día que el ‘no es asunto nuestro’ se volvió acusación federal
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación, hecha pública por el embajador Ronald Johnson ante la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, señala a los imputados de haber participado en una conspiración corrupta y violenta para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Según Infobae, los cargos incluyen haber proporcionado información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército Mexicano a los miembros del cártel, así como haber ordenado a policías estatales y municipales que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos.
La lista de acusados incluye a funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno estatal y de las fuerzas del orden de Sinaloa. Se les acusa de haber utilizado sus cargos para proteger a los líderes del Cártel de Sinaloa, actualmente en disputa tras la entrega de Ismael «El Mayo» Zambada en julio de 2024, para evitar que fueran investigados, detenidos o enjuiciados. A cambio de su colaboración, habrían recibido miles de dólares en sobornos. La acusación detalla que los funcionarios permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia sin ninguna consecuencia, creando un sistema de impunidad que operó desde las más altas esferas del gobierno estatal.
«Ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos», detalla la acusación citada por Infobae.
De la negativa a la evidencia: la cronología de una contradicción
La noticia de la acusación no cayó en el vacío. Desde diciembre de 2023, Rocha Moya había declarado públicamente que el control de los cárteles de droga no era su competencia. En una entrevista reportada por Actualidad RT, el gobernador dijo: «El tema de cárteles y de narcotráfico es asunto federal, no es asunto nuestro». Cuando se le preguntó si el Cártel de Sinaloa estaba controlado, respondió que no podía «aseverar ni desmentir» y que era un tema que debía preguntarse al Ejército, la Marina, la Fiscalía General y la Federación. Esa postura, que entonces parecía una simple evasión de responsabilidades, ahora se lee como una declaración de principios: si el narco no era su problema, ¿por qué la acusación estadounidense lo señala como parte activa de la estructura de protección del cártel?
La contradicción es aún más evidente cuando se revisa la reacción del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ante las primeras acusaciones que vincularon a Rocha Moya con la detención de «El Mayo» Zambada. En agosto de 2024, según El Imparcial, López Obrador dijo que había conversado con Rocha y que este «estaba consciente, eso también lo dijo y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, a ya saben quién, y seguir con la misma campaña de narcopresidente». El presidente exigió pruebas y dijo que «van a tener que respetarnos». Ahora, dos años después, las pruebas llegaron en forma de una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La red de complicidades que la 4T no pudo ocultar
La acusación no se limita a Rocha Moya. Incluye a nueve funcionarios más, lo que sugiere una red de complicidades que operaba desde el gobierno estatal hasta las policías municipales. Según la denuncia, los acusados habrían filtrado información de inteligencia, protegido cargamentos de droga y permitido la violencia del cártel a cambio de sobornos. Este nivel de detalle, que incluye la participación de la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Culiacán, indica que la protección al Cártel de Sinaloa no era un acto aislado, sino una política sistemática.
La denuncia presentada en cortes federales de Nueva York y Texas, de la cual DW ha dado cuenta, también vincula a la cúpula de MORENA con el financiamiento del narcotráfico en campañas electorales. Según la investigación, el régimen actual debe a los narcos y a empresarios vinculados con ellos el financiamiento que les ayudó a llegar al poder en 2018 y les ha permitido ganar gubernaturas hasta al menos 2021. A cambio de ese financiamiento, los gobiernos emanados de MORENA deben a sus mecenas protección e impunidad. La acusación contra Rocha Moya y los nueve funcionarios sería solo la punta del iceberg de una estructura de complicidades que, según la denuncia, habría operado desde las más altas esferas del poder.
Lo que sigue: la FGR y la respuesta de México
La pregunta ahora es qué hará el gobierno mexicano. En agosto de 2024, López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar y solicitar más información a Estados Unidos sobre la detención de «El Mayo» Zambada. Dijo que no tenía dudas del gobernador de Sinaloa, pero que era conveniente que la FGR investigara. Ahora, con una acusación formal en Nueva York, la FGR tendrá que decidir si inicia una investigación propia o si, como ha ocurrido en otros casos, espera a que Estados Unidos actúe primero.
El caso de Rocha Moya no es aislado. Es parte de una serie de acusaciones que han salpicado a varios gobernadores de MORENA, incluyendo a Javier Corral en Chihuahua y a Alejandro Moreno en Campeche, aunque en contextos distintos. Lo que hace único este caso es la magnitud de la acusación: no se trata de corrupción administrativa, sino de narcotráfico y protección a uno de los cárteles más poderosos del mundo. La acusación estadounidense no solo pone en jaque a Rocha Moya, sino que cuestiona la estrategia de seguridad de la 4T y la relación del partido en el poder con el crimen organizado.
Fuentes consultadas:
- Infobae – Estados Unidos investiga a Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa – Infobae
- Dw – Denuncian en EE. UU. a AMLO y gobernadores de MORENA (II)
- Elimparcial – AMLO cree en Rubén Rocha, pero pide a la FGR investigar y solicitar más información a EU sobre detención de “El Mayo”
- Actualidad Rt –
