FGR cita a Maru Campos por caso CIA; ella acusa persecución política

Un citatorio que llegó con cámara y todo

La tarde del sábado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, bajaba las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con una comitiva de la Fiscalía General de la República (FGR). No era una visita de cortesía. Los agentes Joel Cruz y Roberto Chaparro le entregaron un citatorio para que comparezca el próximo 27 de mayo a las 10:00 de la mañana, en calidad de testigo, por el operativo donde murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la sierra Tarahumara. La escena, documentada por los medios que acompañaban a la gobernadora, tuvo un toque teatral: Campos recibió el documento con una sonrisa y dijo: “Está dirigido a una servidora, aquí estoy, por supuesto, dando la cara y recibiéndolo, mira qué casualidad, pero qué feliz casualidad”, según reportó El País. La mandataria panista, que había regresado de una gira de medios en la Ciudad de México, no perdió la oportunidad de convertir el momento en un acto político.

“Lo único que lamento es que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el Estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”.

La frase, dicha frente a los funcionarios federales, resume la estrategia de Campos: presentarse como víctima de una cacería política orquestada desde el centro del país. Pero el citatorio no es un capricho. La FGR investiga si la presencia de agentes estadounidenses en ese operativo violó la Constitución mexicana, específicamente las restricciones impuestas desde 2020, tras el escándalo del general Cienfuegos, que prohibieron a agentes extranjeros actuar de manera autónoma en territorio nacional. La carpeta de investigación FED/FEILC/FEILC-CHIH/0000051/2026, abierta por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, busca determinar si hubo una intromisión ilegal de la CIA en labores de inteligencia y seguridad, como detalla La Voz de Michoacán.

La pregunta incómoda: ¿y Rocha Moya?

Lo que hace interesante este caso no es solo el citatorio en sí, sino la comparación que la propia gobernadora puso sobre la mesa. En el mismo video donde recibió el documento, Campos lanzó una pregunta que retumbó en las redes: “Con Rubén Rocha, ¿no se le ha pedido comparecer ante la Fiscalía General de la República, verdad? Ni a ningún otro gobernador de este país”, según recogió El Financiero. La referencia es directa: el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, junto con otras nueve personas. La FGR, según informó El País, también citó a Rocha Moya para entrevistarlo, pero la gobernadora insiste en que a él no lo han requerido con la misma urgencia. La acusación de Campos es clara: “Protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”, escribió en sus redes sociales, según reportó Proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso y aseguró que ambos citatorios “no tienen nada de político”. Pero la realidad es que el contraste es inevitable: mientras a Campos la citan por un operativo donde ella misma ordenó el desmantelamiento de un narcolaboratorio —y donde murieron agentes de la CIA—, a Rocha Moya lo acusan directamente de vínculos con el crimen organizado y la FGR apenas lo cita para una entrevista. La pregunta de Campos no es solo retórica: es un espejo incómodo para el gobierno federal.

El fuero constitucional y la institucionalidad

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el recordatorio de su equipo legal: “Tiene fuero constitucional”. La gobernadora, acompañada por su abogado Roberto Gil Zuarth y el consejero jurídico José Carlos Rivera, dejó claro que, aunque tiene protección legal, acudirá a la cita. “Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, dijo. Pero el hecho de que la FGR haya citado a una gobernadora con fuero —y que ella misma lo haya señalado— abre la puerta a un debate sobre los límites de la investigación federal. ¿Es legal citar a un funcionario con fuero? Sí, pero políticamente es un movimiento que la oposición leerá como un ataque directo del partido en el poder contra un gobierno estatal del PAN.

El caso, además, revive el fantasma de la intervención extranjera en México. Desde la detención del general Cienfuegos en 2020, el gobierno mexicano ha sido especialmente celoso con la presencia de agentes de Estados Unidos en operativos internos. La Ley de Seguridad Nacional reformada entonces obliga a los agentes extranjeros a compartir información con autoridades mexicanas y les prohíbe actuar de manera autónoma. Si se demuestra que la CIA operó sin supervisión en la sierra Tarahumara, el escándalo podría tener consecuencias diplomáticas. Pero también políticas: la gobernadora ya se posiciona como la defensora de la soberanía nacional, mientras acusa al gobierno federal de usar la ley como arma.

Lo que sigue es la comparecencia del 27 de mayo. Maru Campos promete llegar “con la frente en alto”. Rubén Rocha Moya, por su parte, también confirmó que se presentará al “requerimiento”. Pero la pregunta que queda flotando, y que la gobernadora ya plantó en la opinión pública, es si la justicia en México es pareja o si, como ella dice, solo persigue a los que no son del mismo partido. La respuesta, como siempre, estará en los próximos capítulos de esta historia que mezcla soberanía, narcotráfico y política en dosis iguales.

Fuentes consultadas:

• Elpais – La FGR cita a comparecer a Maru Campos por el accidente de la CIA y a Rocha Moya por la acusación de Estados Unidos | EL PAÍS México
• Proceso – Maru Campos acusa persecución política tras citatorio de la FGR por caso de agentes de la CIA
• Lavozdemichoacan – FGR cita a comparecer a Maru Campos por operativo con agentes de EUA en Chihuahua
• Elfinanciero – FGR cita a comparecer a Maru Campos por el caso CIA en Chihuahua: ‘¿No le han pedido a Rocha?’, cuestiona