Lo que debes de saber
- Tres personas detenidas y al menos ocho órdenes de aprehensión en menos de 48 horas en San Luis Potosí, todas vinculadas a la difusión de un video con inteligencia artificial que acusa al gobernador Ricardo Gallardo de vínculos con el CJNG.
- La ‘Ley IA’ que se usa para perseguirlos fue aprobada en noviembre de 2025, pero el video se publicó casi un mes antes, lo que viola el principio de irretroactividad de la ley.
- Entre los señalados está la periodista Anahí Torres González, quien ya había denunciado un ataque en octubre de 2025 tras documentar una red de espionaje en el estado.
- Organizaciones como Artículo 19, CPJ y Reporteros Sin Fronteras califican las detenciones como arbitrarias y señalan una posible persecución política desde el gobierno estatal.
La ‘Ley IA’ que no respeta el calendario
En menos de 48 horas, el gobierno de San Luis Potosí detuvo a tres personas y giró órdenes de aprehensión contra al menos ocho más, todo por la difusión de un video generado con inteligencia artificial. El material, que circuló en páginas informativas y redes sociales, atribuye una voz al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y lo vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta ahí, el caso parece un asunto de seguridad pública. Pero el problema es que la herramienta legal que se está usando para perseguir a estas personas —la llamada ‘Ley IA’— fue aprobada en noviembre de 2025, mientras que el video se publicó en octubre del mismo año. Es decir, se está aplicando una ley de forma retroactiva, algo que el Artículo 14 de la Constitución prohíbe de manera explícita. Como lo señaló Aristegui Noticias, las organizaciones defensoras de derechos humanos ya advirtieron que «resulta inaceptable que se inicie un procedimiento por un artículo en el Código Penal que fue aprobado en noviembre de 2025 por un video publicado casi un mes antes».
«En caso de confirmarse que la orden es por este video, resulta inaceptable que se inicie un procedimiento por un artículo en el Código Penal que fue aprobado en noviembre de 2025 por un video publicado casi un mes antes. La retroactividad de la ley en México está prohibida por el Artículo 14 de la Constitución» — Aristegui Noticias
Los detenidos: de creador de contenido a funcionaria municipal
Los nombres de los detenidos no son anónimos ni son perfiles marginales. Christian Herrera, administrador de la página «Código Rojo» en Ciudad Valles, fue el primero en caer. Luego Eréndira Reyes Aguillón, comunicadora, y Alejandra Hermosillo, funcionaria municipal en la capital potosina. Las tres detenciones ocurrieron en menos de 48 horas, según documentó La Silla Rota. Pero la lista no termina ahí: entre las órdenes de aprehensión pendientes está la de Anahí Torres González, periodista y directora de varios medios digitales en el estado. Torres no es una figura nueva en el radar del gobierno estatal. En octubre de 2025, El País reportó que había denunciado ser víctima de un ataque tras documentar una red de espionaje en San Luis Potosí. El patrón es claro: quien investiga al poder, termina investigado.
El contexto que no se menciona: espionaje, crimen organizado y un gobernador señalado
El video que desató esta persecución no es un meme inocente. En él, presuntos integrantes del crimen organizado señalan directamente a Ricardo Gallardo Cardona y a la Guardia Civil Estatal de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, no es una crítica política cualquiera: es una acusación grave que involucra al titular del Ejecutivo estatal con el narcotráfico. Y en lugar de investigar el origen del video o la veracidad de la acusación, la Fiscalía estatal optó por perseguir a quienes lo difundieron. El Universal reportó que organizaciones como Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras ya expresaron su preocupación por lo que consideran un uso indebido de la ley para silenciar voces críticas. El mensaje es claro: si publicas algo que incomode al gobernador, te buscan con una ley hecha a la medida.
La ‘Ley IA’: un arma de doble filo
La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Verde Héctor Serrano y aprobada en noviembre de 2025. Su objetivo declarado es sancionar a quienes generen o difundan contenidos manipulados digitalmente. Pero en la práctica, se está usando para perseguir a periodistas y comunicadores que, según las organizaciones, no hicieron más que compartir información que ya circulaba en redes sociales. El problema no es la ley en sí, sino cómo se aplica. Cuando una herramienta legal se usa de forma selectiva contra quienes critican al gobierno, deja de ser justicia y se convierte en censura. Y cuando además se aplica de forma retroactiva, se vuelve ilegal.
El silencio que incomoda
Lo más preocupante de todo esto no es solo la detención de tres personas o las órdenes de aprehensión contra ocho más. Es el silencio. Hasta ahora, ni el gobierno de San Luis Potosí ni la Fiscalía estatal han emitido un comunicado claro explicando los cargos específicos o las pruebas en las que se basan las detenciones. Tampoco han respondido a las acusaciones de violación al debido proceso que han señalado las organizaciones internacionales. En un estado donde la libertad de expresión ya estaba bajo presión, este tipo de acciones mandan un mensaje escalofriante: si publicas algo que no le guste al poder, te van a buscar. Y si no hay ley que te alcance, se inventan una.
Fuentes consultadas:
- Eluniversal – Artículo 19 denuncian persecución judicial contra periodistas en San Luis Potosí; detienen a tres por uso de IA
- Lasillarota – Denuncian persecución de periodistas en San Luis Potosí por uso de la “Ley IA” | La Silla Rota
- Aristeguinoticias – Artículo 19 denuncian persecución judicial contra periodistas en SLP; detienen a 3 en menos de 48 horas
- Elpais – La periodista Anahí Torres denuncia ser víctima de un ataque tras documentar una red de espionaje en San Luis Potosí
