La diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa el viernes 17 de abril de 2026 para modificar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de cerrar espacios de impunidad que permiten la evasión de responsabilidades alimentarias.
Detalles de la propuesta legislativa
La iniciativa busca establecer claramente que comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien se coloque intencionalmente en estado de insolvencia para eludir el cumplimiento de obligaciones alimentarias. Se considerará, salvo prueba en contrario, que existe dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, siendo este su único o principal medio de obtener ingresos.
La propuesta incluye sanciones de seis meses a tres años de prisión y una sanción pecuniaria de sesenta a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización. Estas penas se aplicarían a dos tipos de conductas:
- Quien, durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, se enajene intencionalmente de manera parcial o total de sus bienes para eludir obligaciones alimentarias.
- Quien, teniendo conocimiento de la obligación alimentaria o del proceso judicial en curso, ayude al deudor a ocultar bienes, acepte figurar como titular aparente de estos, o realice cualquier acto jurídico simulado con el fin de evitar que el deudor cumpla con sus obligaciones alimentarias.
La legisladora Robles Chairez señaló que comúnmente los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos y materiales que, aunque lícitos en apariencia, tienen como fin último el desamparo del acreedor. Entre estas prácticas se identifica de manera recurrente la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo en periodos críticos de juicios familiares, y la transferencia de bienes a favor de terceros, frecuentemente parientes o personas de confianza que actúan como interpósita persona.
Contexto y justificación de la iniciativa
El incumplimiento deja al acreedor en un estado que compromete su desarrollo integral, salud, educación y/o esparcimiento. Además, la falta de una sanción específica para quienes colaboran en estas acciones genera un entorno de impunidad, que favorece la insolvencia dolosa o fraudulenta.
Por ello, la diputada indica que estas modificaciones tienen como objetivo principal proteger el bienestar y los derechos de las niñas, niños y adolescentes o dependientes que tienen derecho a las pensiones alimentarias.
Próximos pasos en el proceso legislativo
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, donde será evaluada antes de posibles discusiones y votaciones en el pleno.
