Con el objetivo de evitar y sancionar la filtración y difusión de imágenes, videos y audios de víctimas de hechos violentos, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
Propuesta de reforma
La iniciativa busca incorporar un tipo penal específico que sancione la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos. La reforma pretende evitar la filtración de información sensible, proteger la dignidad de las víctimas, evitar la revictimización de sus familias y fortalecer la confianza en las instituciones de justicia.
La propuesta plantea incorporar en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos en la procuración e impartición de justicia, a quien por sí o por interpósita persona, sin autorización legal y con motivo del ejercicio de sus funciones, divulgue, publique, transmita, comparta o entregue por cualquier medio imágenes o videos de cualquier registro de cadáveres, restos humanos, lesiones o de las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de una persona, cuando dicha conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.
Sanciones propuestas
Para estos casos, se propone establecer una pena de prisión de tres a ocho años y una sanción pecuniaria de trescientas a un mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La pena se aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, o cuando el contenido se difunda a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
Antecedentes
La legisladora recordó que esta iniciativa parte del caso de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, quien fue víctima de feminicidio por su pareja sentimental. Después del hecho, se filtraron y difundieron imágenes de la escena del crimen y del cuerpo de la víctima, las cuales circularon en redes sociales y medios de comunicación, generando una fuerte indignación social y un profundo daño a su familia.
La diputada Hernández Ramírez señaló que la reforma no busca limitar el derecho a la información ni la libertad de expresión, sino establecer límites claros frente a conductas indebidas que han generado daño social, institucional y humano, garantizando que ninguna persona sea expuesta de manera degradante tras su fallecimiento y reafirmando el compromiso del Estado con la dignidad humana en todas sus dimensiones.
Siguientes pasos
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado.
