La diputada Nancy Jeanine García Martínez presentó dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la gobernanza hídrica y la coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno.
Coordinación y participación ciudadana
La primera iniciativa propone adicionar el artículo 12 BIS a la Constitución local, para establecer bases claras de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios en materia hídrica. También busca garantizar la participación informada, activa y efectiva de la ciudadanía en la planeación, gestión, vigilancia y evaluación de la política hídrica.
La reforma incorpora el reconocimiento del acceso a la información en materia hídrica y la obligación de garantizar la transparencia en la gestión, distribución y calidad del agua, como elementos indispensables para fortalecer la confianza pública y la rendición de cuentas.
Principios para la gestión sustentable
La segunda iniciativa adiciona el artículo 12 TER, a fin de que la gestión del agua se rija por los principios de equidad intergeneracional, prevención, precaución, sustentabilidad, integralidad y responsabilidad ambiental.
Con ello se busca orientar la toma de decisiones bajo un enfoque preventivo y de largo plazo, priorizando la protección del recurso hídrico frente a riesgos ambientales y sociales, así como la distribución justa de sus beneficios y cargas.
Se incorpora el enfoque de gestión integral por cuencas, que reconoce que el agua no puede ser administrada de manera aislada, sino atendiendo a su dinámica natural dentro de los sistemas hidrológicos.
También se integra el concepto de seguridad hídrica como eje rector de la política pública, entendida como la capacidad de garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes, así como gestionar los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos.
La iniciativa establece la obligación de adoptar medidas de prevención, adaptación y gestión de riesgos frente a la variabilidad climática y los efectos del cambio climático, que impactan directamente en la disponibilidad y distribución del agua.
Asimismo, se indica que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el tratamiento, saneamiento y disposición adecuada de las aguas residuales, para proteger la salud humana, preservar el equilibrio ecológico y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos, conforme a la normativa aplicable.
Las iniciativas fueron turnadas para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Agua del Congreso del Estado.
