La diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar el artículo 8º de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de que las autoridades estatales y municipales, en coordinación con la Federación, implementen políticas públicas orientadas a la simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios.
Digitalización para el acceso ciudadano
La propuesta busca mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos mediante la digitalización de trámites y la adopción de buenas prácticas regulatorias. La legisladora explicó que la iniciativa se sustenta en el derecho a la inclusión digital y en la obligación del Estado de generar condiciones para fomentar el desarrollo económico y la competitividad, procurando una distribución justa de sus beneficios.
Uno de los objetivos centrales es impulsar una cultura de respeto a la ley que evite prácticas de corrupción, al tiempo que se garantiza la inclusión digital de todos los sectores de la población, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, comunidades indígenas y adultos mayores.
Transparencia y reducción de la corrupción
Rocha Medina destacó que la digitalización puede convertirse en una herramienta para simplificar los procesos administrativos, generar mayor transparencia y reducir los espacios de discrecionalidad que pueden favorecer actos de corrupción. La propuesta también contempla que el Estado contribuya al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, mediante políticas coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
Retos de la implementación
La diputada reconoció que la implementación de estas medidas representa diversos retos, entre ellos garantizar que las personas que viven en zonas rurales o tienen poco conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas puedan realizar sus trámites digitales de manera sencilla y acceder efectivamente a los servicios públicos. Consideró que la inclusión digital es indispensable para garantizar condiciones de equidad y permitir que todos los sectores de la población participen en la vida económica y social.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.
