SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. — Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los automovilistas y proteger la infraestructura vial de la entidad, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para reformar el Código Penal vigente, orientada a ampliar de forma expresa el alcance del delito contra la seguridad vial.
La propuesta legislativa busca sancionar severamente a quienes, sin causa justificada y con el propósito de poner en peligro el funcionamiento de un vehículo o la seguridad de sus tripulantes, utilicen, arrojen, depositen o coloquen objetos peligrosos o armas prohibidas en las vías públicas.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la exposición de motivos de la iniciativa, se ha detectado un incremento recurrente en casos donde se lanzan piedras u otros artefactos contundentes hacia automóviles y camiones en circulación. Estos ataques, perpetrados con frecuencia desde puentes peatonales, pasos a desnivel o zonas con escasa iluminación, no solo han afectado a vehículos civiles, sino también a unidades de seguridad pública y de servicios de auxilio médico o de rescate, provocando accidentes viales y poniendo en riesgo inminente la vida de los pasajeros.
El esquema de sanciones propuestas
La reforma plantea un marco de penalidades riguroso para quienes incurran en estas conductas delictivas, las cuales se perseguirán estrictamente mediante querella de la parte afectada:
- Pena base: Se proponen de 4 a 9 años de prisión y una sanción pecuniaria que va de los 500 a los 1,000 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
- Agravante por infraestructura: La pena privativa de la libertad y la sanción económica se incrementarán hasta en dos terceras partes si se acredita que el delito fue cometido aprovechando la altura de puentes, pasos a desnivel, estructuras elevadas o si el responsable resulta ser un servidor público.
La iniciativa define como «objeto peligroso» cualquier artefacto o elemento que, por sus dimensiones, peso, material o naturaleza, cuente con la capacidad técnica de ocasionar un daño material a los vehículos o lesiones físicas a sus ocupantes. Asimismo, la diputada promovente enfatizó que la aplicación de estas sanciones será independiente de la obligación del infractor de realizar la reparación integral del daño patrimonial o de salud causado.
Tras su presentación ante el Pleno del Congreso, la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado fue turnada de manera oficial a la Comisión Primera de Justicia para su análisis, dictaminación y posterior votación.
