México pide pruebas «irrefutables» a EU por acusación contra gobernador de Sinaloa

El baile de las pruebas imposibles

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó esta semana una frase que ya se volvió el nuevo mantra de la diplomacia mexicana: quiere pruebas «irrefutables» de Estados Unidos en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas acusadas de nexos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York. La declaración, recogida por Diario Las Américas, suena a defensa de la soberanía nacional, pero deja un regusto amargo: ¿qué tan altos tienen que ser los estándares de evidencia para que el gobierno mexicano actúe? Porque si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que las acusaciones de la DEA o del Departamento de Justicia no llegan porque sí, especialmente cuando ya hay una docena de políticos mexicanos sentados en cortes gringas esperando sentencia.

El problema no es que México pida pruebas —eso sería hasta razonable en cualquier relación entre estados soberanos— sino que la petición llega en un momento donde el historial de impunidad pesa como una losa. La fiscalía de Nueva York no es exactamente conocida por presentar casos flojos; tiene un récord de condenas contra narcotraficantes y políticos que haría palidecer a cualquier fiscalía local. Entonces, cuando Sheinbaum exige evidencias «irrefutables», uno no puede evitar preguntarse: ¿es una estrategia de negociación o una forma elegante de no hacer nada mientras el caso se cocina a fuego lento?

«La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves a Estados Unidos pruebas ‘irrefutables’ en el caso del gobernador de Sinaloa y nueve personas más acusadas de nexos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York.» — Diario Las Américas

El silencio que grita más que las acusaciones

Lo más revelador de esta historia no es lo que dice Sheinbaum, sino lo que no dice. En ningún momento la presidenta ha salido a defender la inocencia de Rocha Moya ni a condenar las acusaciones como una conspiración extranjera. Se ha limitado a pedir pruebas, como si el problema fuera de forma y no de fondo. El Comercio reporta que la mandataria insiste en el debido proceso, pero ese discurso se vuelve hueco cuando recordamos que el propio Rocha Moya llegó al poder en 2021 en medio de denuncias de vínculos con el crimen organizado que nunca fueron investigadas a fondo por la fiscalía mexicana. ¿De qué soberanía hablamos cuando dejamos que los casos se pudran en casa y luego exigimos que los gringos nos traigan todo masticado?

El contexto es clave: Sinaloa no es cualquier estado. Es la cuna del Cártel de Sinaloa, el epicentro de la guerra contra el narco y el lugar donde la línea entre política y crimen organizado siempre ha sido más delgada que un papel de china. Que un gobernador sinaloense sea acusado de narcotráfico no debería sorprender a nadie que haya seguido la historia reciente del país. Pero la respuesta oficial —pedir pruebas irrefutables— revela una parálisis que ya se ha vuelto costumbre: cuando EU acusa, México pone condiciones; cuando México investiga, casi nunca llega a nada.

El fantasma de la impunidad que nadie quiere exorcizar

Detrás de esta petición de pruebas hay un dato incómodo: la fiscalía de Nueva York no necesita la aprobación de México para actuar. Ya ha demostrado que puede citar, extraditar y juzgar a políticos mexicanos sin que el gobierno de México mueva un dedo —o moviéndolo apenas para quejarse. El caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad condenado en Brooklyn, es el ejemplo más claro de cómo funciona esta dinámica: mientras el gobierno mexicano lo defendía a capa y espada, la fiscalía gringa ya tenía años de evidencia acumulada. Al final, las pruebas resultaron ser tan irrefutables que García Luna terminó condenado a 38 años de prisión. ¿Cuántas veces más tendrá que pasar esto para que el discurso cambie?

La ironía es que mientras Sheinbaum pide pruebas, en México la impunidad en delitos de alto impacto ronda el 96%, según datos del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, el gobierno mexicano exige estándares de evidencia a EU que ni siquiera aplica en sus propias investigaciones. Si la fiscalía mexicana investigara con la misma exigencia que le pide a la de Nueva York, probablemente tendríamos menos gobernadores acusados y más sentencias. Pero no: aquí preferimos el viejo truco de desviar la atención hacia el «intervencionismo extranjero» mientras los verdaderos problemas se pudren en los juzgados.

El gobernador Rocha Moya, mientras tanto, sigue en su cargo, asistiendo a eventos públicos y declarando que todo es una cortina de humo. Y el gobierno federal, en lugar de tomar una postura clara, se refugia en el lenguaje diplomático: «cooperación», «respeto mutuo», «debido proceso». Palabras que suenan bonito pero que, en la práctica, significan que nadie va a mover un dedo hasta que sea demasiado tarde. O hasta que EU decida que ya tiene suficientes pruebas para pedir una extradición. Y entonces, como siempre, vendrán los lamentos y las declaraciones de «sorpresa» y «traición». Como si no lo hubieran visto venir.

Lo que realmente está en juego

Más allá del caso específico de Rocha Moya, lo que está sobre la mesa es la credibilidad del sistema de justicia mexicano y la capacidad del gobierno de Sheinbaum para manejar una crisis que no va a desaparecer. La fiscalía de Nueva York no se va a cansar; tiene recursos, tiempo y una larga memoria. Y cada nuevo caso que procese será una bofetada más a la narrativa de que México puede manejar sus propios asuntos. Porque si no puedes investigar a un gobernador acusado de narcotráfico, ¿qué puedes investigar?

La petición de pruebas «irrefutables» es, en el fondo, una confesión de debilidad. Es reconocer que México no tiene la capacidad —o la voluntad— de investigar por sí mismo, y que necesita que EU le ponga los puntos sobre las íes. Pero también es una apuesta política: si las pruebas llegan y son contundentes, el gobierno tendrá que actuar; si no llegan, podrá decir que todo era un complot. En ambos casos, el que pierde es el país, que sigue atrapado en un círculo vicioso de acusaciones, impunidad y desconfianza. Mientras tanto, los sinaloenses —y todos los mexicanos— se quedan esperando que alguien, en algún lado, decida hacer su trabajo.

Fuentes consultadas:

• Diariolasamericas – México pide pruebas irrefutables en caso de gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico por EEUU
• Elcomercio Pe – México pide pruebas “irrefutables” en caso de gobernador acusado de narcotráfico por Estados Unidos