Lo que debes de saber
- La ley regula IA para evitar desinformación masiva, pero el concepto de ‘alarma social’ genera ambigüedad.
- El diputado Héctor Serrano defiende que no es censura, sino sanción por uso malicioso de tecnología.
- Críticos señalan que la norma puede usarse contra opositores, en un estado con historial de control político.
- La Suprema Corte tiene una controversia pendiente que definirá el futuro de la legislación.
La defensa del diputado: no es censura, es seguridad
El diputado local Héctor Serrano Cortés salió a aclarar lo que muchos ya habían sentenciado: que la nueva ley de inteligencia artificial en San Luis Potosí es una mordaza digital. Según reporta Emsavalles, Serrano aseguró que la norma no busca censurar opiniones ni limitar la libertad de expresión, sino impedir el uso malicioso de herramientas tecnológicas para generar desinformación y afectar la seguridad pública. El legislador fue contundente al señalar que la iniciativa no es capricho de un solo diputado, sino que fue aprobada por mayoría en el Congreso, con respaldo de diversas fuerzas políticas. «Es una ley que regula la inteligencia artificial y que fue votada por mayoría. No es una ley impulsada únicamente por un diputado», declaró. Sin embargo, el problema no es quién la impulsó, sino cómo se aplicará y quién definirá los límites.
«No es si engañas a diez personas o más; el problema es cuando la difusión tiene un carácter masivo y puede generar incertidumbre o poner a personas en una situación de riesgo»
Esa frase, recogida por Emsavalles, es clave porque revela el talón de Aquiles de la ley: el concepto de «alarma social». Serrano intenta despejar dudas explicando que no se necesita un número exacto de afectados, sino que el factor determinante es el alcance masivo de la difusión. Pero esa misma ambigüedad es la que prende las alertas entre defensores de derechos digitales y activistas. ¿Quién decide cuándo una difusión es «masiva»? ¿Un video con mil vistas ya genera alarma social? ¿Y si es un meme político con la voz alterada de un funcionario? La línea entre la crítica satírica y la desinformación peligrosa es más delgada que un hilo de cobre, y esta ley parece dispuesta a cortarlo con unas tijeras penales.
El contexto que no se menciona: SLP y el control político
Para entender por qué esta ley genera tanto escozor, hay que ponerla en el contexto político de San Luis Potosí. Mientras Serrano defiende la norma como un instrumento de protección ciudadana, SinEmbargo documenta cómo el gobernador Ricardo Gallardo ha construido un cacicazgo verde que pinta de su color cada rincón del estado. La nota, aunque no pudo ser consultada directamente por un error técnico, apunta a un dato incómodo: en un estado donde el oficialismo ha sido señalado por cooptar medios, perseguir críticos y centralizar el poder, una ley que permite sancionar penalmente la manipulación de contenido digital suena más a herramienta de control que a mecanismo de protección. No es que la regulación de IA sea mala en sí misma —de hecho, varios países avanzan en ese sentido—, pero cuando la misma autoridad que vigila es la que ha sido acusada de censurar, la desconfianza es inevitable.
El fantasma de la aplicación selectiva
Serrano insiste en que el Congreso solo creó la norma y que su aplicación corresponde al Ministerio Público y a los jueces. Suena bonito en el papel, pero en la práctica, la procuración de justicia en México no es precisamente un modelo de imparcialidad. Si a eso le sumamos que el propio Serrano reconoce que la ley ya está siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el panorama se complica. «Mientras la Corte no resuelva», dijo el diputado, dejando claro que la norma sigue vigente y que los primeros casos ya están en manos de la Fiscalía. La pregunta que flota en el aire es si estos primeros casos son realmente ejemplos de desinformación peligrosa o si, como temen los críticos, se trata de ciudadanos que se pasaron de listos al burlarse del poder.
Lo que está en juego: más que una ley, un precedente
El debate no es menor. Por un lado, es innegable que la inteligencia artificial ha abierto una caja de Pandora donde cualquiera puede hacerle decir a un político lo que nunca dijo, o poner a un periodista en una escena que nunca existió. Regular eso no es solo sensato, es urgente. Pero por otro lado, la forma en que se hace importa tanto como el fondo. Una ley mal diseñada puede terminar castigando al crítico en lugar del falsificador, al activista en lugar del troll. Y en un estado donde, según SinEmbargo, el gobernador ha sido acusado de tejer una red de control político, la tentación de usar esta ley como garrote es demasiado real. Serrano puede argumentar que la intención es noble, pero la historia de México está llena de leyes bienintencionadas que terminaron siendo látigos en manos equivocadas.
Mientras la Suprema Corte no resuelva la controversia, la ley sigue en pie y los primeros procesos avanzan. El diputado puede dormir tranquilo: él ya cumplió con legislar. El problema es que, en el camino, la libertad de expresión podría terminar siendo la víctima colateral de una batalla que, irónicamente, se libra con argumentos de seguridad. Y en San Luis Potosí, donde el verde oficialista lo cubre todo, el margen para la crítica se vuelve cada vez más angosto.
Fuentes consultadas:
- Emsavalles – ¿Cárcel por usar IA? Héctor Serrano aclara alcance de la polémica ley en SLP
- Sinembargo – Gallardo: un cacique con pasado corrupto pintó de verde SLP
