EU acusa a Rocha Moya de narcotráfico: ¿el fin del blindaje?

La acusación que nadie esperaba (o sí)

El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos por delitos de narcotráfico y posesión de armas. La noticia, reportada por La Jornada, cayó como una bomba en el ya convulsionado panorama político mexicano. Pero quienes han seguido de cerca el caso saben que esto no es un rayo en cielo sereno: desde hace meses, analistas y medios advertían que Rocha Moya era una bomba de tiempo. Lo que ahora cambia es que el gobierno estadounidense decidió jalar el gatillo.

La acusación, presentada ante la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, señala que Rocha Moya y los otros imputados participaron en una conspiración corrupta y violenta para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Pero el meollo del asunto no es solo el tráfico de drogas: la fiscalía los acusa de haber protegido a los líderes del Cártel de Sinaloa —en particular a «Los Chapitos»— para evitar que fueran investigados, detenidos o enjuiciados. Según Infobae, los funcionarios habrían ordenado a la Policía Estatal de Sinaloa, a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y a la Policía Municipal de Culiacán que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos. A cambio, recibieron miles de dólares.

«Ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales… que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos», detalla la acusación citada por Infobae.

El discurso que se derrumba

Durante años, Rocha Moya minimizó las acusaciones en su contra. En noviembre de 2023, durante una conferencia matutina desde Culiacán, el gobernador declaró que los medios nacionales lo vinculaban con el narcotráfico solo por haber nacido en Badiraguato, el mismo municipio que vio nacer a Joaquín «El Chapo» Guzmán, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. «Desde que yo gané la gubernatura me dicen que soy narco porque soy de Badiraguato. Pero no me dedico a eso, nunca me ganó la tentación», dijo entonces, según reportó Noroeste. La excusa sonaba débil incluso entonces, pero ahora, con una acusación formal del gobierno estadounidense, suena a burla.

El argumento de Rocha Moya —que lo acusan solo por su lugar de origen— siempre fue una cortina de humo. Badiraguato es, sin duda, un lugar con una historia violenta, pero eso no convierte a todos sus habitantes en narcotraficantes. Sin embargo, la acusación de EU no se basa en el origen del gobernador, sino en evidencia de una red de protección que operaba desde el gobierno estatal. El hecho de que Rocha Moya haya recurrido a ese argumento revela más de lo que oculta: muestra que su defensa no tenía sustancia, solo victimismo.

El blindaje político que se resquebraja

Rocha Moya no llegó a la gubernatura solo. Fue el candidato de Morena, apoyado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y, después, por la presidenta Claudia Sheinbaum. Como señaló Raymundo Riva Palacio en El Financiero, el apoyo de Sheinbaum, de López Obrador, de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y de la maquinaria de propaganda del régimen es lo que ha evitado su muerte política. Pero ese blindaje, que funcionó durante años, ahora enfrenta su prueba más dura. La acusación de EU no es un rumor ni una nota periodística: es un documento legal con cargos específicos que, de probarse, implicarían que un gobernador en funciones operaba como socio de una organización criminal.

El contexto es aún más grave si se considera que Sinaloa vive una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa desde la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en julio de 2024. Riva Palacio documentó que Culiacán lleva meses de guerra, que López Obrador dejó el estado a la deriva y que Sheinbaum no ha podido detener la violencia. Ahora, con la acusación contra el gobernador, queda claro que la estrategia de pacificación de la 4T no solo ha fracasado, sino que el propio gobierno estatal podría haber estado del lado equivocado.

Lo que viene: ¿juicio político o indiferencia?

La pregunta que flota en el aire es qué hará el gobierno mexicano. Hasta ahora, ni la presidenta Sheinbaum ni la dirigencia de Morena han emitido una postura clara. La tentación será esperar a que el proceso judicial en EU avance y, mientras tanto, mantener a Rocha Moya en el cargo. Pero esa estrategia, que funcionó con otros casos de corrupción, esta vez podría ser insostenible. La acusación de EU no es una nota diplomática: es un proceso penal que podría derivar en una solicitud de extradición. Si México no actúa, dará la razón a quienes dicen que el gobierno mexicano es cómplice de los cárteles.

El caso de Rocha Moya es, en muchos sentidos, un espejo de lo que ocurre en otras regiones de México: la línea entre el Estado y el crimen organizado se ha vuelto tan delgada que ya casi no se distingue. La diferencia es que esta vez el gobierno estadounidense decidió documentarlo y hacerlo público. Ya no es solo un rumor, una columna de opinión o una nota en un medio local. Es una acusación formal que, de ser cierta, demostraría que el narco no solo opera al margen del Estado, sino que a veces lo ocupa.

Fuentes consultadas:

• Jornada – EU acusa a gobernador Rocha Moya de narcotráfico; lo señalan de proteger a «Los Chapitos»
• Infobae – Estados Unidos investiga a Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
• El Financiero – Rocha Moya, una bomba de tiempo
• Noroeste – Expone Rocha Moya que medios nacionales le relacionan con el narcotráfico por ser de Badiraguato