Lo que debes de saber
- Al menos tres personas detenidas y ocho órdenes de aprehensión contra periodistas en SLP por difundir contenido con IA.
- La «Ley IA» fue aprobada en noviembre de 2025 a propuesta del diputado del PVEM, Héctor Serrano.
- ARTICLE 19, CPJ y RSF denuncian uso indebido de la ley para silenciar voces críticas al gobernador Ricardo Gallardo.
- El detonante fue un video con IA que atribuía una voz al gobernador; la Fiscalía lo usó como pretexto para una cacería de brujas.
La nueva censura tiene nombre: «Ley IA»
En San Luis Potosí, la inteligencia artificial no solo está creando imágenes falsas: está fabricando presos políticos. En las últimas 48 horas, la Fiscalía estatal detuvo al creador de contenido Christian Herrera, administrador de la página «Código Rojo» en Ciudad Valles; a la comunicadora Eréndira Reyes Aguillón; y a Alejandra Hermosillo, funcionaria municipal en la capital. Pero la cosa no para ahí: La Silla Rota reporta que existen órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora de varios medios digitales en la entidad. Todo esto, bajo el paraguas de la llamada «Ley IA», una reforma al Código Penal local aprobada en noviembre de 2025 que castiga la generación y difusión de contenidos manipulados digitalmente. La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿esto es justicia o una cortina de humo para callar a quienes incomodan al poder?
El video que lo detonó (y la excusa perfecta)
Todo comenzó con un video elaborado con inteligencia artificial en el que se atribuyó una voz al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El material circuló en páginas informativas, canales de YouTube y redes sociales. Hasta ahí, nada nuevo: los deepfakes son un problema real y merecen regulación. Pero lo que vino después es lo que prende las alarmas. En lugar de investigar quién creó el video y con qué intención, la Fiscalía estatal —dependiente del mismo gobernador— decidió usar la nueva ley como un mazo para golpear a todo aquel que lo hubiera compartido o comentado. La Razón de México detalla que a las dos mujeres detenidas se les imputa «un delito contra la identidad de las personas» por «utilizar de manera deliberada estructuras visuales, narrativas y gráficas de la víctima, encaminadas a generar una percepción de autenticidad». Traducción: por compartir un video que no hicieron, pero que el gobierno considera ofensivo. Es como si detuvieras al cartero por el contenido de la carta que entrega.
«Las organizaciones informaron que durante las últimas 48 horas registraron la detención del creador de contenido Christian Herrera, administrador de la página ‘Código Rojo’, en Ciudad Valles; así como la captura de la comunicadora Eréndira Reyes Aguillón y de Alejandra Hermosillo, funcionaria municipal en la capital potosina.» — La Silla Rota
El papel de las organizaciones internacionales
No es cualquier acusación. ARTICLE 19, el Comité de Protección a Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica y la Red Nacional de Periodistas emitieron un posicionamiento conjunto donde expresan su «preocupación por la situación de libertad de expresión y libertad de prensa en la entidad». Que cinco organizaciones de peso —algunas con sede en Ginebra y Nueva York— se pongan de acuerdo para señalar a un gobierno estatal no es cosa menor. Es una bandera roja del tamaño de la plancha del Zócalo. Y lo que denuncian no es un error aislado: es un patrón. La ley, presentada por el diputado del Partido Verde Héctor Serrano, fue vendida como un instrumento para proteger a la ciudadanía de la desinformación. Pero en los hechos, se está usando para perseguir a periodistas y comunicadores que, casualmente, han sido críticos con la administración de Gallardo. ¿Coincidencia? En política, las coincidencias suelen ser la máscara favorita de la intención.
El doble discurso de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) se defiende diciendo que actúa conforme a derecho. En su comunicado oficial, citado por La Razón de México, asegura que «reitera su compromiso con la ciudadanía para tutelar la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, así como garantizar que cualquier hecho con apariencia de delito sea investigado y juzgado conforme a Derecho». Suena bonito, pero la realidad es que están usando una ley diseñada para combatir deepfakes maliciosos para encarcelar a quienes comparten información. El problema de fondo es que la ley es tan amplia y vaga que cualquier contenido que al gobierno no le guste puede ser etiquetado como «manipulado». Y en un estado donde el poder ejecutivo controla la fiscalía, el margen para el abuso es enorme. No es que la inteligencia artificial sea el problema; el problema es que quienes deberían regularla están usando la regulación para silenciar.
Un precedente peligroso para todo México
Lo que pasa en San Luis Potosí no se queda en San Luis Potosí. Si esta estrategia funciona —es decir, si logran intimidar a la prensa local sin consecuencias legales o políticas—, otros gobernadores podrían copiar el modelo. Ya hay antecedentes: en Morelos, periodistas han denunciado acoso de la Guardia Nacional y la Fiscalía; en Tecámac, retuvieron a reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción. La «Ley IA» potosina podría convertirse en el nuevo juguete favorito de los autoritarismos estatales: una herramienta con nombre tecnológico y aroma a censura. Porque, seamos honestos, combatir la desinformación es necesario. Pero hacerlo metiendo a la cárcel a periodistas por compartir un video que no crearon no es combatir desinformación: es fabricar miedo. Y el miedo, en el periodismo, es el peor enemigo de la verdad.
Fuentes consultadas:
- Lasillarota – Denuncian persecución de periodistas en San Luis Potosí por uso de la “Ley IA” | La Silla Rota
- Razon – Caen 2 mujeres por construir contenidos digitales simulados en San Luis Potosí – La Razón de México
