La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el dictamen que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de fortalecer la protección laboral de las personas víctimas de violencia familiar, de género o sexual.
Detalles de la reforma aprobada
La diputada Ma. Sara Rocha Medina, presidenta de la comisión y promovente de la iniciativa, explicó que la reforma adiciona la fracción XI Ter al artículo 51 de dicha ley. El objetivo es que las instituciones públicas del Gobierno del Estado promuevan, dentro de sus atribuciones y posibilidades, medidas de apoyo para las personas trabajadoras que sean víctimas de violencia, garantizando en todo momento la confidencialidad.
Entre las medidas contempladas se encuentra facilitar permisos o ajustes razonables de horario para que las personas afectadas puedan acudir a recibir atención médica, psicológica o jurídica. Asimismo, se busca evitar actos de discriminación, represalias o afectaciones a sus derechos laborales por su condición de víctimas.
La legisladora señaló que la reforma también establece la necesidad de implementar mecanismos internos de acompañamiento institucional y orientación sobre los servicios públicos disponibles para la atención de la violencia.
Respaldo de los integrantes de la comisión
Durante la sesión de trabajo, las y los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social coincidieron en los objetivos de la propuesta, al considerar que contribuirá a fortalecer la protección de las víctimas y garantizar el principio de igualdad sustantiva.
Además, señalaron que la reforma es congruente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que representa un avance en la armonización del marco jurídico en la materia.
Próximos pasos legislativos
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación correspondiente. De aprobarse, la reforma permitiría que las instituciones públicas estatales implementen medidas concretas para que las víctimas de violencia puedan acceder a la justicia y atención integral sin poner en riesgo su empleo o enfrentar represalias.
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