La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer el derecho a la reparación integral del daño mediante la inclusión de la disculpa pública y la restitución de la dignidad como medidas de satisfacción.
La propuesta, turnada a la Comisión Primera de Justicia, establece la obligatoriedad de reparar el daño en casos de feminicidio y mediante responsabilidad patrimonial del Estado. La legisladora señaló que la dignidad humana constituye el eje rector del Estado Constitucional de Derecho y que, cuando este valor es vulnerado, el Estado debe garantizar una reparación integral.
Armonización legislativa
Rocha Medina consideró imperativo revisar la ley estatal, cuya última reforma relevante data de su texto base, sin reflejar la vanguardia protectora de la legislación general. Esta falta de armonización genera una disparidad jurídica que afecta directamente a las víctimas en el territorio potosino.
Al no estar reguladas explícitamente estas figuras en la ley local, se obstaculiza la labor de los asesores jurídicos y se limita el criterio de las autoridades judiciales y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) para decretar medidas de reparación con el alcance diferenciado y efectivo que la ley general ya mandata a nivel nacional.
Medidas propuestas
La iniciativa incorpora las medidas de satisfacción consistentes en la declaración de restablecimiento de la reputación y la disculpa pública oficial. Asimismo, se adicionan disposiciones imperativas sobre la condena forzosa a la reparación en delitos de feminicidio y la vía de resarcimiento por responsabilidad patrimonial del Estado cuando se involucren agentes públicos.
La diputada afirmó que adoptar estas modificaciones representa el cumplimiento estricto del principio de progresividad de los derechos humanos contemplado en el bloque de constitucionalidad del país, reafirmando el compromiso con la justicia social, la perspectiva de género y la protección integral de las personas que han sufrido el impacto del delito.
