La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma el Código Penal del Estado en materia del delito de despojo, con el objetivo de fortalecer el marco sancionador y proteger la certeza patrimonial de las y los ciudadanos.
¿Qué cambios se proponen?
El dictamen, impulsado por la diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, plantea incrementar la pena básica para el delito de despojo, pasando de 2 a 7 años de prisión en su tipo básico. Además, se adiciona un nuevo artículo 118 Bis que establece un catálogo de agravantes, aumentando las penas en una mitad, lo que podría alcanzar hasta 10 años y 6 meses en su máxima expresión.
Las agravantes propuestas incluyen:
- La simulación de actos de autoridad.
- La utilización de documentos falsos.
- Que el partícipe en el delito sea un servidor público.
- Que la víctima sea un ascendiente o una persona adulta mayor.
Fundamentos de la reforma
La diputada Vázquez Hernández explicó que la iniciativa atiende al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 del pacto federal en materia penal. Asimismo, destacó que el bien jurídico protegido, que es la certeza patrimonial y la posesión pacífica, ha sufrido afectaciones crecientes en los últimos años debido a la ocupación ilícita de bienes inmuebles mediante redes complejas.
“Se proporciona a la persona juzgadora un rango mínimo y máximo suficiente, sin ser excesivo, para que, conforme a las reglas de individualización de la pena, pueda graduar la sanción, respetando el grado de culpabilidad del imputado”, señaló.
Protección a adultos mayores
En cuanto a la agravante relacionada con personas adultas mayores, la legisladora subrayó que el Estado mexicano debe cumplir con los compromisos internacionales derivados de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores. “Con esta acción legislativa consideramos que se suma al fortalecimiento de las instituciones de México”, añadió.
El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación correspondiente.
