Con el objetivo de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y reconocer los derechos de integrantes de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, la diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
Armonización con la Ley General de Víctimas
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Víctimas, ampliando las garantías procesales para el acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas. Además, pretende dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a personas de comunidades indígenas y afromexicanas.
Feminicidio como prioridad de protección
La iniciativa también busca subsanar una deuda histórica en materia de violencia de género al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal. Esta adición armoniza la legislación local con obligaciones internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Derechos para evitar la revictimización
La propuesta introduce derechos orientados a mitigar la revictimización secundaria y el impacto psicoemocional derivado de los hechos delictivos. Se amplía el derecho a contar con traductores e intérpretes atendiendo a la nacionalidad o condiciones de discapacidad, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, se establece el derecho fundamental a un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional antes de rendir declaración ante el Ministerio Público o autoridades jurisdiccionales, reconociendo estándares internacionales de atención al trauma.
Siguientes pasos
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado.
