La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó este miércoles 15 de abril de 2026 un dictamen que reforma el Código Penal del Estado, estableciendo que el delito de abandono será investigado de oficio cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad. La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión, informó sobre esta decisión.
Detalles de la reforma y declaraciones legislativas
La diputada María Leticia Vázquez Hernández explicó que la ley actual no incluye a adolescentes ni a personas con discapacidad en esta disposición, por lo que la modificación toma gran relevancia. La iniciativa, presentada por la diputada Jaquelinn Jáuregui Mendoza, será sometida a votación ante el Pleno del Congreso del Estado.
El objetivo de la iniciativa es establecer que el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en su vertiente de abandono de persona, se persiga de oficio en los casos mencionados. Esto obliga al Ministerio Público a actuar con debida diligencia para la protección de los derechos de las víctimas.
La Comisión solicitó la opinión de la Fiscalía General del Estado, que aportó elementos importantes. La Fiscalía señaló que, aunque el delito ya se persigue de oficio según las reglas generales, la reforma busca dar claridad a la codificación penal para no dejar dudas. Se especifica que los delitos referidos a los artículos 204 y 204 BIS del Código Penal se perseguirán de oficio cuando la víctima tenga las características mencionadas.
La diputada Vázquez expuso que la reforma asegura claridad en la legislación al incluir explícitamente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. También mencionó que aspectos como el acceso a la justicia y la debida diligencia ya están establecidos en otras leyes, por lo que no se consideraron viables en esta iniciativa, pero sí se clarifica el registro de procedibilidad para estos delitos.
La legisladora apuntó que esta clarificación garantiza a las víctimas derechos humanos fundamentales, como el acceso a la justicia y la debida diligencia, determinando viable y procedente el instrumento legislativo.
