Mil 200 juicios políticos atorados: el cuento de nunca acabar

La montaña de expedientes que nadie quiere tocar

La Cámara de Diputados tiene un problema que no es nuevo, pero que cada vez huele peor: mil 200 solicitudes de juicio político acumuladas, la mayoría sin siquiera ser revisadas. El presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores (Morena), lo dijo sin rodeos en entrevista con El Siglo de Durango: la ley obliga a desahogar los casos por prelación, y como hay mil 200 por delante, las denuncias contra el senador Adán Augusto López y la diputada Hilda Brown tendrán que esperar. Pero aquí el detalle no es solo la fila, sino que de esos mil 200, casi mil ya prescribieron. Es decir, el sistema está diseñado para que las acusaciones se pudran antes de que alguien las toque.

Flores explicó que la Subcomisión de Examen Previo, encargada de filtrar las solicitudes, tiene todo atorado. «Tenemos más de mil 200 procedimientos de juicios políticos estancados, por cierto, ya muchos prescritos», dijo, según Vanguardia. Y agregó que ni siquiera han recibido las solicitudes contra López y Brown porque primero deben pasar por esa subcomisión. Un laberinto burocrático que, casualmente, protege a los acusados más poderosos.

“Tenemos más de mil 200 procedimientos de juicios políticos estancados, por cierto, ya muchos prescritos, por qué están en Subcomisión de Examen Previo, y entonces ahí está atorado todo, no nos llega a la Comisión Jurisdiccional y no tenemos facultades.” — Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, citado por El Siglo de Durango

Los casos que incomodan al poder

Las acusaciones contra Adán Augusto López no son cualquier cosa. La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó una solicitud de juicio político el 22 de septiembre de 2025, respaldada por informes de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya, que señalan al exgobernador de Tabasco de haber permitido, encubierto y beneficiado al grupo criminal La Barredora, según reporta Palestra. Por su parte, la diputada Hilda Brown, exalcaldesa de Playas de Rosarito, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa. Dos casos con evidencia sólida, pero que ahora se enfrentan a la misma muralla: la burocracia legislativa.

Pero no son los únicos. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, también fue denunciado por el PAN por facilitar el narcotráfico y recibir financiamiento ilícito. Y en respuesta, Morena anunció una demanda contra la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, por la participación de agentes de la CIA en un operativo. El toma y dame político es evidente, pero el fondo del asunto es que el mecanismo de juicio político, diseñado para sancionar a servidores públicos que traicionan la confianza, se ha convertido en un arma de intercambio de acusaciones sin consecuencias reales.

La reforma que nunca llega

Hugo Eric Flores reconoció que en la legislatura pasada se propuso reformar la ley para traspasar los casos de la Subcomisión de Examen Previo directamente a la Comisión Jurisdiccional y así acelerar los procedimientos. Pero la reforma no prosperó. Y mientras tanto, los expedientes se acumulan. «La respuesta es sí (se desahogarán), pero nada más que de esos mil 200, casi mil ya están prescritos, esos si a nosotros nos llegan, los vamos a desahogar en un solo dictamen», dijo Flores, según MSN. Es decir, planean resolver en lote los casos ya muertos para limpiar la lista, mientras los casos frescos —y políticamente incómodos— siguen esperando.

El resultado es un sistema que no funciona. De las mil 200 solicitudes acumuladas en las últimas cinco legislaturas, la mayoría han prescrito. Y las 57 presentadas en la actual legislatura, desde septiembre de 2024, corren el mismo riesgo. El juicio político en México se ha convertido en un ritual: se denuncia, se exhibe, pero rara vez se castiga. Y mientras los expedientes se apilan, los acusados siguen en sus cargos, algunos con acusaciones de vínculos con el crimen organizado que, si fueran ciertas, representarían una amenaza directa a la seguridad nacional.

Al final, la pregunta no es si Adán Augusto o Hilda Brown serán juzgados, sino si el sistema está diseñado para que nunca lo sean. Y la respuesta, a juzgar por los hechos, parece ser un rotundo sí.

Fuentes consultadas:

• Elsiglodedurango – Juicio Político: mil 200 solicitudes deben resolverse antes que la de Adán Augusto
• Msn – Mil 200 juicios políticos, antes que los de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores
• Palestra – Juicio político en México: mil 200 denuncias y ninguna consecuencia
• Vanguardia – ‘Hay 1,200 solicitudes de juicio político antes que la de Adán Augusto López’