Lo que debes de saber
- El juicio contra 486 presuntos pandilleros de la MS-13 comenzó en El Salvador, acusados de 87 homicidios en un fin de semana de marzo de 2022.
- El régimen de excepción de Nayib Bukele, vigente desde entonces, ha dejado más de 91.000 detenidos y ha sido criticado por detenciones arbitrarias.
- La tasa de homicidios en El Salvador cayó de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024, según datos oficiales.
- Organismos de derechos humanos advierten que la mano dura sacrifica el debido proceso, mientras que Bukele presume haber hecho del país el más seguro del hemisferio.

Un fin de semana que lo cambió todo
Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, El Salvador vivió una masacre que estremeció hasta a un país acostumbrado a la violencia. En solo 72 horas, 87 personas fueron asesinadas, un baño de sangre que rompió la relativa calma que el presidente Nayib Bukele había logrado construir desde que asumió el poder en 2019. Aquel fin de semana no solo dejó decenas de muertos; también fue el detonante para que el mandatario declarara una guerra total contra las pandillas, solicitara a la Asamblea Legislativa un régimen de excepción y, cuatro años después, llevara a 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a un megajuicio que comenzó este lunes, según reporta BBC Mundo.

El juicio: 486 acusados, 37.000 delitos
La Fiscalía General de la República de El Salvador ha imputado a los procesados por más de 37.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos homicidios, extorsiones, desapariciones forzadas y tráfico de armas. De acuerdo con La República, el subdirector fiscal contra la criminalidad, Max Muñoz, señaló que los acusados también enfrentan cargos por «rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador», por «haberse alzado en armas con el fin de controlar parte del territorio» y por «cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado». La audiencia se realizó de manera virtual, con los imputados conectados desde distintos centros penitenciarios, incluido el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), esa mega cárcel que Bukele mandó construir como símbolo de su mano dura.
«A este corporativo se les está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas», declaró Max Muñoz, según cita La República.

El régimen de excepción: ¿éxito o exceso?
Desde que se aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha detenido a más de 91.000 personas, según cifras oficiales. La medida suspende derechos constitucionales como la presunción de inocencia y permite arrestos sin orden judicial. Para los partidarios del presidente, esta política ha sido la clave para reducir la tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024, como reporta Infobae. Sin embargo, organismos de derechos humanos locales e internacionales han denunciado que esta estrategia ha derivado en detenciones arbitrarias masivas. La BBC recuerda que expertos de la ONU han advertido al gobierno salvadoreño que «no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública».
El fantasma de la mano dura
No es la primera vez que El Salvador apuesta por una política de mano dura contra las pandillas. Actualidad RT señala que a principios de los años 2000, el país ya implementó megaoperativos policiales y estados de excepción con la promesa de desarticular a la MS-13 y a la pandilla 18. El resultado fue una espiral de violencia que llevó los homicidios a niveles récord. La diferencia ahora, según Bukele, es que esta vez no habrá «treguas» ni acuerdos ocultos con las pandillas, como los que se filtraron en gobiernos anteriores. Pero la pregunta incómoda persiste: ¿cuántos de los 91.000 detenidos son realmente pandilleros y cuántos son inocentes atrapados en una redada masiva?
El método Bukele: popularidad a costa de derechos
El presidente salvadoreño ha construido su narrativa de éxito en torno a la seguridad. Con una aprobación que ronda el 90%, Bukele se ha convertido en un fenómeno político en la región, y su «método» ha sido replicado —o al menos admirado— por líderes de Honduras, Ecuador e incluso México. Pero el costo de esta popularidad es alto. El régimen de excepción, que ya lleva cuatro años vigente, se ha vuelto permanente de facto, y las críticas internacionales no cesan. Mientras Bukele tuitea que «ninguno saldrá libre», como reportó RT, la sombra de la arbitrariedad se cierne sobre un sistema judicial que, en su afán de mostrar resultados, podría estar sacrificando el debido proceso. El megajuicio contra los 486 pandilleros es, al mismo tiempo, un espectáculo de poder y una prueba de fuego para el Estado de derecho en El Salvador.


