Lo que debes de saber
- El diputado López Vela presentó una iniciativa para crear la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, construida con colectivos.
- La ley busca establecer un piso mínimo de derechos: identidad de género, salud, educación, trabajo digno y vivienda.
- El Congreso de CDMX y la Secretaría de Gobernación tienen documentos sobre derechos de la diversidad sexual que datan de 2023, pero sin avances concretos.
- La iniciativa llega en un contexto donde el presupuesto para programas de diversidad sexual es mínimo frente a otras partidas.
Una ley que promete, pero el diablo está en los detalles
El diputado Jaime Genaro López Vela (Morena), presidente de la Comisión de Diversidad, presentó la iniciativa para expedir la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans. Según el boletín oficial de la Cámara de Diputados, la propuesta fue construida conjuntamente con colectivos de la sociedad civil y busca establecer un piso mínimo para que esta población reciba atención oportuna, eficaz y gratuita en temas como no discriminación, identidad de género autopercibida, educación, cultura, trabajo digno, garantías laborales, vivienda, salud y justicia. Suena bonito, ¿no? El problema es que en México las leyes de vanguardia suelen quedarse en el papel mientras los presupuestos y las voluntades políticas cuentan otra historia.
López Vela aseguró que la iniciativa no solo rescata recomendaciones internacionales, sino también el clamor de una lucha social de más de 40 años. Y sí, la lucha es real: las personas trans en México enfrentan una esperanza de vida de apenas 35 años, según datos de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero una ley, por más bien intencionada que sea, no cambia la realidad si no va acompañada de recursos y mecanismos de exigibilidad. La iniciativa fija una temporalidad para la entrega de reportes y estadísticas bianuales, lo cual es un avance, pero la pregunta es: ¿quién vigilará que esos reportes se entreguen y, más importante, que se actúe en consecuencia?
“Con la expedición de una Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans nuestro país contará con una nueva legislación de vanguardia que actualice el marco jurídico en materia de acceso integral a los derechos de esta población”, aseguró el diputado López Vela.
El Congreso de CDMX y Gobernación: documentos que pesan, pero no avanzan
Mientras la iniciativa federal se presenta con bombo y platillo, vale la pena revisar qué ha pasado en otros frentes. El Congreso de la Ciudad de México tiene un documento PDF de 2023 que, aunque no se puede leer directamente por su formato, forma parte del archivo legislativo local. Por su parte, la Secretaría de Gobernación también resguarda un documento de la misma fecha, lo que sugiere que desde hace más de dos años hay material sobre derechos de la diversidad sexual circulando en el ámbito gubernamental. ¿Qué ha pasado con esos documentos? ¿Se convirtieron en iniciativas, en políticas públicas o simplemente engrosaron los archivos? La falta de transparencia sobre el destino de estos papeles es, en sí misma, una señal de alerta.
El presupuesto: la prueba de fuego
Aquí viene lo incómodo. Mientras se discuten leyes de vanguardia, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 destinó apenas 317 millones de pesos para programas de igualdad y no discriminación hacia la población LGBTTTIQ+, una cifra que representa menos del 0.01% del gasto total programable. Para ponerlo en perspectiva: eso es menos de lo que cuesta un tramo del Tren Maya o una campaña de publicidad gubernamental. Si la nueva Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans no viene acompañada de un presupuesto etiquetado y suficiente, será letra muerta. La historia de México está llena de leyes progresistas que nunca se implementaron porque nadie las financió.
¿Vanguardia o espejismo?
El diputado López Vela tiene razón en algo: México necesita una ley general que armonice los derechos de las personas trans a nivel federal, porque hoy cada estado es un volado. En 22 entidades ya se aprobaron leyes de identidad de género, pero en otras como Guanajuato o Querétaro la resistencia es feroz. De hecho, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, se ha negado a publicar la Ley Trans local aprobada por el Congreso estatal, lo que ha generado protestas y amparos. La iniciativa federal podría ser la herramienta para obligar a estados como Querétaro a cumplir, pero si la ley no tiene dientes, los gobernadores seguirán haciendo lo que quieran.
El problema de fondo es que en México las leyes de derechos humanos suelen ser declaraciones de buenas intenciones que chocan contra una realidad de discriminación estructural, violencia y falta de recursos. Las personas trans siguen siendo asesinadas con impunidad: según Letra S, en 2023 se registraron al menos 45 asesinatos de personas LGBTTTIQ+, la mayoría de mujeres trans. Y mientras tanto, los políticos se toman fotos y presentan iniciativas que, sin presupuesto ni voluntad, no pasan de ser un bonito discurso.
La iniciativa de López Vela es necesaria, pero insuficiente. Necesitamos leyes que no solo reconozcan derechos, sino que los garanticen con recursos, mecanismos de exigibilidad y, sobre todo, con una voluntad política que hoy brilla por su ausencia. Mientras el presupuesto para diversidad sexual sea una limosna y los gobernadores puedan ignorar impunemente las leyes, la vanguardia legislativa será solo un espejismo. La pregunta es: ¿los diputados están dispuestos a ponerle dinero donde ponen el discurso?
