Iniciativa para endurecer sanciones a servidores públicos corruptos en el estado

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El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con el objetivo de incrementar las sanciones contra servidores públicos que participen en la comisión de delitos de corrupción, incluso de manera pasiva o indirecta.

Mayores penas y destitución para funcionarios corruptos

La propuesta plantea que, cuando un servidor público en ejercicio de sus funciones, con motivo de ellas o aprovechando su calidad, facilite o coadyuve en la ejecución de un delito de corrupción —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista para el delito respectivo se incremente en una mitad.

Además, se establece la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.

El legislador señaló que esta reforma no es solo una modificación técnica al marco jurídico, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas.

Explicó que al precisar que la responsabilidad de los servidores públicos puede actualizarse cuando faciliten o coadyuven en la comisión de un delito, incluso mediante una omisión, se pretende brindar mayores herramientas a los juzgadores para determinar las sanciones correspondientes y proteger la integridad de la función pública.

Lara Rocha indicó que la propuesta también busca atender posibles espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, al considerar que quienes desempeñan una función pública tienen un deber de cuidado reforzado que debe cumplirse en todo momento.

Como referencia, el diputado citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones para los Estados en materia de prevención y combate a este fenómeno, incluyendo medidas legislativas relacionadas con el abuso de funciones y el uso indebido de influencias.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, para su análisis y dictamen.

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