La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer medidas de apoyo obligatorias para las personas trabajadoras que sean víctimas de violencia familiar, de género o sexual.
Medidas de apoyo y confidencialidad
La propuesta busca que las instituciones públicas del estado promuevan, dentro de sus atribuciones y posibilidades presupuestales, medidas de apoyo que garanticen la confidencialidad de la información relacionada con la situación personal de las víctimas.
Además, se plantea facilitar permisos o ajustes razonables en los horarios laborales para que las personas puedan acudir a recibir atención médica, psicológica o jurídica, sin que el ejercicio de estos derechos tenga consecuencias negativas en su relación laboral.
Prohibición de discriminación y represalias
La iniciativa también incorpora la obligación de abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación o represalia derivada de la condición de víctima, así como implementar mecanismos internos de acompañamiento institucional y orientación sobre los servicios públicos disponibles para la atención de la violencia.
La legisladora señaló que estas medidas no representan privilegios, sino acciones mínimas para garantizar condiciones de igualdad y proteger derechos fundamentales. El objetivo es dotar de certeza jurídica a prácticas de apoyo que ya se realizan de manera aislada, pero que carecen de un fundamento legal expreso y uniforme para toda la administración pública estatal.
Contexto y siguientes pasos
La reforma responde a la necesidad de consolidar un servicio público comprometido con la protección de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, y la construcción de espacios laborales libres de violencia y discriminación.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género.
