Gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico por EU

La acusación que sacude Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó una bomba que retumbó en todo México: acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Según Euronews, la acusación incluye cargos por «importación masiva de drogas en Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos». No es una acusación menor: el Departamento de Justicia pide un mínimo de 40 años de prisión para cada uno de los señalados. La lista incluye al senador morenista Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y a altos mandos de la policía estatal. La red de protección, según la fiscalía neoyorquina, operaba en favor de la facción de «Los Chapitos», los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

La respuesta de Rocha Moya no se hizo esperar. En un encuentro con medios, citado por TV Azteca, el gobernador aseguró: «Soy una persona limpia» y calificó la situación como «sorprendente». Pero lo más llamativo no fue su declaración de inocencia —eso era previsible— sino su negativa rotunda a dejar el cargo. «No tengo intención de abandonar la gubernatura», sentenció. Y para blindarse, recurrió al discurso de la soberanía: «La presidenta no hace respaldos personales; la presidenta lucha por la soberanía de México». Traducción: cualquier acción en mi contra es un ataque al país.

«Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado de…» — NTN24 cita el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.

La investigación mexicana: ¿humo o fuego?

La Fiscalía General de la República, a través de su vocero Ulises Lara, anunció que abrirá una investigación para «conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal». Es decir, la FGR no va a investigar a Rocha Moya por narcotráfico; va a investigar si la acusación de Estados Unidos tiene fundamento. Es una diferencia sutil pero crucial. Mientras tanto, el gobernador sigue en su cargo, despachando desde Palacio de Gobierno, como si nada hubiera pasado. La oposición, por supuesto, ya exige su renuncia y hasta su extradición, pero en el Congreso de Sinaloa, donde Morena tiene mayoría, no hay ni una sola iniciativa para pedirle licencia.

El contexto que no se puede ignorar

La acusación no llega en el vacío. Sinaloa ha sido escenario de una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa —»Los Chapitos» contra «El Mayo» Zambada— que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos. Y en medio de esa violencia, el gobierno de Rocha Moya ha sido señalado por su inacción. Actualidad RT reporta que el gobernador califica la acusación de «carecer de veracidad», pero los hechos son tozudos: durante su mandato, la violencia se disparó y el control territorial del cártel se consolidó. La pregunta que flota en el aire es: ¿cómo es posible que un gobernador acusado de narcotráfico por la fiscalía más poderosa del mundo siga en su cargo, mientras que un ciudadano común con una acusación menor pasa meses en prisión preventiva?

El caso de Rocha Moya es un espejo incómodo para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por un lado, la presidenta ha prometido cero impunidad y ha defendido la soberanía nacional frente a las presiones de Estados Unidos. Por otro, uno de sus gobernadores está acusado de ser parte de la estructura del narcotráfico. La contradicción es evidente, y el silencio de Palacio Nacional solo alimenta las sospechas. Mientras tanto, en Sinaloa, la ciudadanía observa con escepticismo. Las encuestas informales en redes sociales muestran una mayoría que exige la renuncia del gobernador, pero en el terreno político, nadie mueve un dedo.

Lo que viene: entre la soberanía y la impunidad

El gobierno mexicano ya dejó claro que no entregará a Rocha Moya a Estados Unidos sin pruebas sólidas. Pero la pregunta es si la FGR tiene la capacidad —y la voluntad— de investigar a fondo. La historia reciente no es alentadora: casos como el del general Cienfuegos, acusado por la DEA y luego exonerado por la FGR en un proceso opaco, son un precedente peligroso. Si la investigación mexicana termina en un «no hay elementos», como ha ocurrido tantas veces, el mensaje será claro: en México, los políticos pueden ser acusados de narcotráfico por Estados Unidos y seguir en su cargo, mientras el crimen organizado sigue operando con impunidad. Y eso, más que una defensa de la soberanía, es una derrota para el Estado de derecho.

Fuentes consultadas:

• Actualidad Rt – Gobernador de Sinaloa se defiende de acusación de narcotráfico de EE.UU.: «Carece de veracidad»
• Ntn24 – México abre investigación a gobernador de Sinaloa tras acusación de EE. UU. de narcotráfico
• Es Euronews – Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y a otros 9 cargos de colaborar con el narcotráfico | Euronews
• Tvazteca – Rubén Rocha rechaza acusaciones de EU y descarta dejar el cargo como gobernador de Sinaloa