Lo que debes de saber
- Dos agentes de la CIA y dos policías de Chihuahua murieron en un accidente vehicular en la sierra, destapando operaciones encubiertas del gobierno estatal con la agencia estadounidense
- La gobernadora Maru Campos habría autorizado al menos tres operativos conjuntos con la CIA sin informar al gobierno federal, violando la ley mexicana
- Morena en el Senado busca que Campos y el fiscal César Jáuregui comparezcan ante comisiones, mientras el PAN exige investigar también a gobernadores de Morena
- La presidenta Sheinbaum reveló que Campos pidió una reunión pero no contestó cuando la contactaron, en medio de un escándalo que crece cada día

El accidente que no fue solo un accidente
El domingo pasado, un coche se desbarrancó en la sierra de Chihuahua. Murieron cuatro personas: dos policías estatales y dos agentes de la CIA. Hasta ahí, todo podría haber quedado como una tragedia de caminos. Pero lo que vino después es un terremoto político que ya sacude a todo el país. Como reporta Nacion321, la gobernadora Maru Campos no solo sabía de la presencia de estos agentes en su territorio: los había autorizado. Y lo hizo sin informar al gobierno federal. En un país donde la memoria histórica asocia a la CIA con todo tipo de intromisiones —desde el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984 hasta la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena—, que un gobierno estatal le abra la puerta a la agencia es, cuando menos, dinamita política.
«La noticia de un accidente serrano, en el que murieron cuatro personas el fin de semana, ha destapado lo que tiene la pinta de un escándalo mayor. Dos policías de Chihuahua y dos agentes de la CIA murieron en un coche desbarrancado. Eso es lo único en firme.» — Nacion321
Pero lo único en firme se está volviendo cada vez más borroso. Porque desde entonces, cada declaración de la gobernadora ha sido más inverosímil que la anterior. Primero dijo que no sabía nada. Luego que pediría una cita con la presidenta Sheinbaum para aclarar. Y cuando la presidenta la buscó, según reveló en la mañanera, la mandataria estatal no estuvo disponible. Como señala Eldiariodelnoroeste, la bancada de Morena en el Senado ya agendó un punto de acuerdo para que Campos y el fiscal César Jáuregui comparezcan ante comisiones. Sería la primera vez que un gobernador se sienta a dar explicaciones sobre un problema en su entidad.

La oposición que se desmorona
Hace 40 años, Chihuahua fue el escenario del llamado «fraude patriótico» del PRI contra el PAN. Era la época en que el panismo se presentaba como la oposición seria, la que denunciaba el autoritarismo priista desde las trincheras de la democracia. Hoy, con este escándalo, el PAN dilapida lo poco que le quedaba de esa imagen. Y no es solo un problema de imagen: es un problema de legalidad. La ley mexicana es clara: ningún agente extranjero puede operar en territorio nacional sin autorización expresa del gobierno federal. Que un gobernador estatal —de cualquier partido— firme acuerdos con la CIA a espaldas de la Federación no es solo una falta de coordinación: es una violación a la soberanía.
El senador morenista Juan Carlos Loera, ex candidato a gobernador, lo puso en términos claros en la tribuna: el gobierno de Chihuahua violó la ley al permitir la operación de agentes extranjeros. La respuesta del PAN no se hizo esperar. Ricardo Anaya, coordinador de la bancada panista, reviró con lo que ya se ha vuelto un clásico en la política mexicana: «Si insisten en llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, en el PAN tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena». Es decir, en lugar de defender la legalidad, el PAN optó por el «y tú más». Un argumento que, aunque políticamente útil, no borra el hecho de que aquí hay agentes de la CIA muertos en un accidente que nadie había reportado.
Lo que la Federación no sabía
La información que ha ido saliendo a la luz sugiere que la CIA participó en al menos tres operaciones con la administración de Maru Campos. Operaciones que, según Nacion321, el gobierno federal parece haber sido ninguneado por partida doble: ni Washington ni Chihuahua le informaron. Esto no es un detalle menor. En un contexto donde la presidencia de Donald Trump ha recordado a los mexicanos que toda suspicacia con respecto a las malas intenciones de Washington se queda corta, que un gobierno estatal actúe como intermediario directo con la CIA es un precedente peligroso.
Y aquí viene lo más delicado: la gobernadora Campos no solo autorizó, sino que, según las versiones que circulan, habría firmado acuerdos de cooperación directa con agencias de Texas. No es la única. Según reportes de Infobae, otros gobernadores fronterizos habrían hecho lo mismo. Pero ella es la que está en el ojo del huracán porque su «accidente» destapó lo que muchos sospechaban pero nadie podía probar: que la soberanía mexicana se negocia en corto, lejos de los reflectores, con la anuencia de gobiernos estatales que prefieren la cooperación directa con Estados Unidos antes que pasar por la Federación.
El PAN contra las cuerdas
El problema para el PAN no es solo legal: es político. La gobernadora de Chihuahua era una de las figuras más visibles de la oposición. Su gestión había sido señalada por escándalos anteriores, pero nada comparable a esto. Que ahora se descubra que operaba con la CIA sin informar al gobierno federal la coloca en una posición insostenible. Y la respuesta del partido, pidiendo que también investiguen a gobernadores de Morena, no solo es predecible sino contraproducente: porque si hay algo que la ciudadanía ya no tolera es que los políticos, ante un escándalo, respondan señalando a los demás en lugar de dar explicaciones.
El punto de acuerdo en el Senado avanza. Según Eldiariodelnoroeste, la Comisión de Puntos Constitucionales lo revisará mañana mismo y podría ser aprobado por el pleno antes de que termine el periodo ordinario el 30 de abril. Si eso ocurre, Maru Campos y César Jáuregui tendrían que sentarse ante los senadores a explicar qué demonios hacían dos agentes de la CIA en un coche desbarrancado en la sierra de Chihuahua. Y la pregunta que nadie ha respondido todavía es: ¿quién más sabía? Porque si la gobernadora autorizó tres operaciones, es probable que no haya sido la única. Y si otros gobernadores fronterizos hicieron lo mismo, el escándalo apenas está empezando.
Mientras tanto, la gobernadora Campos sigue sin contestar el teléfono. Y la oposición, que alguna vez se jactó de ser la conciencia crítica del país, se queda sin argumentos. Porque cuando el árbitro también juega en el otro equipo, el partido deja de tener sentido.


