Lo que debes de saber
- El Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa de conspirar con el Cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, cocaína y metanfetamina.
- Según la acusación, Los Chapitos apoyaron a Rocha desde su candidatura en 2021, secuestrando e intimidando a rivales políticos a cambio de impunidad y control de las fuerzas de seguridad.
- Entre los implicados están el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez (sobornos de 10 mil dólares mensuales) y el vicefiscal Dámaso Castro (11 mil dólares mensuales por filtrar información).
- El oficialismo (Morena) cerró filas en torno a Rocha, invocando la presunción de inocencia, mientras la oposición asegura que el caso confirma sus denuncias sobre infiltración del narco en el gobierno.
- La Cancillería mexicana afirmó que no se presentaron pruebas en las solicitudes de extradición y anunció una queja diplomática por la filtración del caso.
El día que el narco se sentó en el escritorio del gobernador
Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó una bomba que sacudió los cimientos del poder en Sinaloa y, de paso, dejó temblando al oficialismo mexicano. La acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel no es cualquier señalamiento: los imputa por narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para importar «cantidades masivas» de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la misma que llevó a Joaquín «El Chapo» Guzmán a cadena perpetua, ahora apunta directo a la cúpula política de Sinaloa. Y lo que describe es un pacto de protección mutua que, de ser cierto, convertiría al gobierno estatal en una franquicia del crimen organizado.
El documento judicial, detallado por El Financiero, no se anda con rodeos: sostiene que Los Chapitos —la facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo— apoyaron a Rocha Moya desde que era candidato a gobernador en 2021. Según la acusación, los criminales secuestraron e intimidaron a sus rivales políticos para allanarle el camino. Una vez en el poder, Rocha habría cumplido su parte del trato: permitir que Los Chapitos operaran con impunidad, nombrar a sus aliados en puestos clave de seguridad y entregarles el control de las policías estatales y municipales. A cambio, el gobernador recibió «millones de dólares» de las ganancias del narcotráfico, según la fiscalía estadounidense.
«Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público», señala el documento citado por CNN Español.
El organigrama de la corrupción
La acusación no se limita al gobernador. El Financiero desglosa el papel de cada uno de los diez imputados, y el retrato es escalofriante. Enrique Inzunza Cázarez, actual senador por Morena y exsecretario de Gobierno de Sinaloa, habría participado en reuniones con líderes del cártel para definir planes de protección gubernamental. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, presuntamente entregó personalmente a Los Chapitos una lista con direcciones de rivales políticos de Rocha para que los intimidaran o secuestraran antes de las elecciones. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, recibía sobornos de 10 mil dólares mensuales para garantizar que la policía municipal no interfiriera en las operaciones de tráfico. Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado, cobraba 11 mil dólares mensuales por filtrar información de inteligencia sobre operativos de la DEA y del Ejército mexicano contra laboratorios clandestinos. Es decir, no era un pacto de unos cuantos: era una red que iba de la gubernatura a las fiscalías, pasando por los ayuntamientos y las secretarías de seguridad.
EFE describe el caso como «un sismo político de enorme magnitud», y no es para menos. La acusación llega en un momento en que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca consolidar su narrativa de la Cuarta Transformación como un proyecto de combate a la corrupción y al crimen organizado. Que el gobernador de un estado gobernado por Morena aparezca señalado por la justicia estadounidense como un socio del Cartel de Sinaloa no solo mancha al partido, sino que pone en entredicho el discurso oficial de que «ya no hay impunidad para nadie».
Oficialismo vs. oposición: el guion de siempre
La reacción del oficialismo fue inmediata y predecible. Infobae reporta que Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, salió a defender a Rocha invocando la presunción de inocencia: «Mientras no se compruebe, todos tienen derecho a la presunción de inocencia». Ignacio Mier, coordinador en el Senado, manifestó su respaldo tanto a Rocha como a Inzunza. Gerardo Fernández Noroña fue más allá: «No se le ha presentado una sola prueba», dijo, ignorando que la acusación estadounidense detalla reuniones, sobornos y listas de víctimas. El propio Rocha calificó las imputaciones de «ataque» a su persona y a la Cuarta Transformación, en un mensaje publicado en X que CNN Español reproduce: «Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno».
Del otro lado, la oposición no perdió la oportunidad. Infobae señala que dirigentes y legisladores de partidos como el PAN y el PRI calificaron el caso como «grave» y aseguraron que confirma sus advertencias sobre los vínculos del gobierno de Morena con el crimen organizado. «Esto es lo que hemos denunciado durante años: que el narco no solo opera con impunidad, sino que se ha infiltrado en las estructuras del poder», declaró un dirigente panista. La división es tan previsible como el clima en abril: el oficialismo se atrinchera en la presunción de inocencia y la conspiración gringa; la oposición aprovecha para golpear. Pero lo que queda en el aire es una pregunta incómoda: ¿cuántos casos más como este están esperando a ser revelados?
La queja diplomática: el gobierno mexicano contraataca… al mensajero
Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México optó por una estrategia curiosa: en lugar de colaborar con la investigación, anunció que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hizo pública la acusación. Según Infobae, la Cancillería argumentó que la filtración contraviene los tratados bilaterales y que no se presentaron «pruebas» en las solicitudes de extradición. Es decir, el gobierno mexicano prefiere discutir el protocolo antes que el fondo del asunto. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República evalúa las solicitudes de detención, pero no hay señales de que vaya a actuar con la celeridad que el caso requiere. La imagen es lamentable: mientras Estados Unidos presenta un caso detallado con nombres, sobornos y reuniones, México se enreda en disputas diplomáticas y declaraciones de apoyo incondicional a un gobernador acusado de narcotráfico.
El sismo político que provocó esta acusación apenas comienza a sentirse. Pero si algo ha quedado claro es que, en Sinaloa, la línea entre el poder político y el crimen organizado es más delgada de lo que muchos quisieran admitir. Y que, cuando el gobierno estadounidense decide investigar, no le tiembla la mano para señalar a quien sea, sin importar el cargo o el partido.
Fuentes consultadas:
- Infobae – Acusación de EE.UU. contra gobierno de Sinaloa divide a oficialismo y oposición en México – Infobae
- Cnnespanol Cnn – Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa de narcotráfico y posesión de armas
- Elpais –
- Elfinanciero – Según acusación de EU, ¿qué políticos habrían ayudado al Cártel de Sinaloa?
- Efe – EE.UU. provoca un sismo político en México al acusar a gobernador de Sinaloa de narcotráfico
