Lo que debes de saber
- Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios por narcotráfico y posesión de armas.
- Los cargos, presentados en el Distrito Sur de Nueva York, implican penas de hasta cadena perpetua.
- La acusación detalla que la red protegía al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, facilitando el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
- El caso se suma a una lista de al menos 13 políticos mexicanos en la mira de Washington, según reveló el periodista Luis Chaparro en marzo de 2025.
La acusación que sacude Sinaloa
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal que no tiene precedentes recientes: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue imputado por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de fuego. No está solo. La lista incluye a Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general del estado; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía estatal; y otros seis funcionarios de seguridad y procuración de justicia, según reportó El Economista.
La acusación, presentada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, alega que todos colaboraron con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. El modus operandi, según los fiscales, incluía desde proporcionar información confidencial sobre operativos hasta proteger cargamentos de droga y evitar detenciones de líderes criminales. A cambio, recibían sobornos millonarios. Las penas mínimas obligatorias son de 40 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.
«Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, a través del Departamento de Justicia estadounidense, con fecha del 29 de abril de 2026, acusan a los siguientes funcionarios de asociación delictuosa para cometer actos de narcotráfico internacional», reportó El Economista.
Una red que operaba desde el poder
Lo que hace único este caso no es solo el cargo contra un gobernador en funciones —algo que no se veía desde los tiempos de Tomás Yarrington en Tamaulipas— sino la amplitud de la red. La acusación incluye a Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias «Cholo», también exjefe policiaco; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito, alias «Tornado», exsubdirector de la Policía Estatal. Todos ellos, según Metroworldnews, habrían participado en una red de protección al Cártel de Sinaloa que facilitaba el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
El caso más escalofriante es el de Juan Valenzuela Millán, alias «Juanito», excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte, tras su presunta participación en el plagio y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar. Esto no es corrupción administrativa; es una estructura criminal incrustada en el Estado.
La sombra de la narcopolítica
Este caso no surge de la nada. En marzo de 2025, el periodista Luis Chaparro reveló en su programa Pie de Nota que existía una lista de 13 políticos mexicanos en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según reportó Infobae. La lista incluía tres exgobernadores, cinco senadores, cuatro diputados y un juez o magistrado, con atención especial en políticos de Michoacán, Zacatecas, Sinaloa y Tamaulipas. En ese entonces, Chaparro advirtió que Washington había solicitado la entrega voluntaria de estos funcionarios y que la negativa a entregar a un exgobernador específico podría escalar la tensión diplomática.
Ahora, un año después, la acusación contra Rocha Moya y su círculo confirma que la presión estadounidense no era un rumor. El presidente Donald Trump ya había sugerido en una entrevista con The Spectator que recomendaría investigar a los políticos mexicanos que se beneficiaron del tráfico de personas y fentanilo. «Sin duda… Recomendaría que se les eche un vistazo», dijo Trump, según El Universal. La pregunta es si el gobierno de Claudia Sheinbaum cooperará o si, como advirtió la fuente de Chaparro, la negativa a entregar a estos funcionarios escalará el conflicto.
¿Y ahora qué?
La acusación contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios no es solo un problema judicial para ellos; es un termómetro de la relación bilateral. El especialista en seguridad Eduardo Guerrero señaló a Infobae que Estados Unidos podría estar buscando extradiciones de figuras políticas mexicanas como una muestra de cooperación por parte del gobierno de Sheinbaum. Si México se niega a entregar a Rocha Moya —quien ya pidió licencia y fue sustituido por una gobernadora interina—, la tensión podría dispararse. Y mientras tanto, en Sinaloa, la violencia no cesa: durante la gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión, según reportó El Universal.
El caso también deja en evidencia la fragilidad de las instituciones mexicanas. Cuando un gobernador, un senador, fiscales y jefes policiacos son acusados de trabajar para el cártel más poderoso del país, la pregunta no es solo quién más está en la lista, sino cómo es posible que estas redes hayan operado durante años sin que nadie en México las detuviera. La respuesta, probablemente, es que muchos no querían ver.
Fuentes consultadas:
- Infobae – Hay 13 políticos mexicanos en la mira de EEUU por nexos con el narco, revela Luis Chaparro – Infobae
- Eluniversal – Trump sugeriría investigar a políticos mexicanos; “sin duda… Recomendaría que se les eche un vistazo», dice
- Metroworldnews – ¿Quiénes son los funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico por Estados Unidos?
- Eleconomista – Rubén Rocha Moya: Primer funcionario mexicano acusado por Estados Unidos de narcotráfico
