Rocha Moya se planta: ni licencia ni miedo a las acusaciones de EU

El gobernador que no se achica

Rubén Rocha Moya no va a renunciar. No va a pedir licencia. No va a esconderse. El gobernador de Sinaloa salió este jueves a decir, con la frente en alto, que no le teme a nada porque es una persona «completamente limpia». La declaración, recogida por DW tras un evento en Navolato, llega apenas 24 horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal en su contra y contra otros nueve funcionarios de alto nivel del estado. La jugada es clara: Rocha no solo niega los cargos, sino que se planta como un mártir de la Cuarta Transformación, asegurando que todo es un «ataque» a su persona y al movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿un gobernador señalado de proteger al Cártel de Sinaloa puede seguir gobernando como si nada?

Los cargos: una acusación que no es cualquier cosa

Según la acusación difundida por El Financiero, los cargos son de peso: conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos; posesión de armas; y asociación con una organización criminal designada como terrorista por Washington. El documento señala que los acusados —todos funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Sinaloa— participaron en una «conspiración corrupta y violenta» con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. La lista incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez y al excomandante policiaco Juan Valenzuela Millán, este último también acusado de participar en secuestros que terminaron con la muerte de una fuente de la DEA y un familiar.

«Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.» — Departamento de Justicia de EU, citado por El Financiero.

La acusación detalla que los funcionarios habrían protegido a líderes del cártel de ser investigados o arrestados, filtrado información confidencial de seguridad y del Ejército, y ordenado a policías estatales y municipales que resguardaran cargamentos de droga. En otras palabras, según Washington, el gobierno de Sinaloa no solo no combatía al cártel, sino que trabajaba para él. Y si esto es cierto, el nivel de penetración del crimen organizado en el aparato estatal sería de una magnitud que deja chiquito cualquier escándalo anterior.

La respuesta de la 4T: cerrar filas y exigir pruebas

La reacción del gobierno federal no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a respaldar a Rocha Moya y a exigir a Estados Unidos que presente las pruebas de su acusación. La Jornada reporta que la mandataria rechazó «la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero» y que la Cancillería mexicana anunció que enviará una queja diplomática a la embajada de Estados Unidos por la forma en que se manejó el caso. El argumento es que Washington filtró las solicitudes de extradición sin adjuntar las pruebas correspondientes, lo que violaría los protocolos bilaterales. Pero más allá del tecnicismo diplomático, lo que se ve es un gobierno que, ante una acusación gravísima, opta por la defensa corporativa antes que por la investigación interna. Nadie en Morena ha pedido que Rocha se separe del cargo mientras se aclaran los señalamientos. Nadie ha dicho «que se investigue a fondo». La consigna es aguantar la línea.

El contexto: Sinaloa, el cártel y la política

No es la primera vez que un gobernador mexicano es acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Pero sí es la primera vez que ocurre con un gobernador de la 4T, el movimiento que llegó al poder prometiendo acabar con la «fiesta de los narcopolíticos» del viejo régimen. La ironía es demasiado evidente para pasarla por alto. Rocha Moya llegó al gobierno de Sinaloa en 2021 como el delfín de Morena en un estado donde el Cártel de Sinaloa es, para bien o para mal, parte del paisaje. Desde entonces, su gestión ha estado marcada por la violencia: ejecuciones, desapariciones y enfrentamientos que no han cesado. Ahora, la acusación de EU pone en duda no solo su honorabilidad, sino la viabilidad misma de su gobierno. Si Rocha se va, Morena pierde un estado clave. Si se queda, la sombra de la narcopolítica lo perseguirá hasta el final de su mandato.

Rocha Moya dice que no tiene «temor de nada» y que cada quien debe responder por sí mismo. Pero en un estado donde el crimen organizado ha demostrado una y otra vez que puede infiltrar cualquier institución, la frase suena más a desafío que a tranquilidad. La pregunta que queda en el aire, y que ningún funcionario de la 4T ha querido responder, es simple: si las acusaciones son falsas, ¿por qué no hay una sola investigación interna en Sinaloa para desmentirlas? El silencio, en estos casos, también habla.

Fuentes consultadas:

• Jornada – Rocha Moya descarta pedir licencia como gobernador y refrenda rechazo a acusaciones de EU
• Dw – Gobernador de Sinaloa dice que no teme acusación de EE.UU.
• Actualidad Rt – Rubén Rocha Moya descarta pedir licencia como gobernador y rechaza acusaciones de EE.UU.
• Elfinanciero – EU acusa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otras 9 personas de narcotráfico