PRESENTAN INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

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El objetivo de garantizar la estabilidad institucional y proteger el patrimonio de los órganos de impartición de justicia, el diputado Héctor Serrano Cortés presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado. La propuesta busca solucionar vacíos legales en el relevo de la presidencia del tribunal y blindar sus recursos económicos ante posibles embargos.

El legislador expuso que la normativa vigente en San Luis Potosí obliga a realizar la elección de la presidencia del Tribunal Electoral de manera inflexible durante la primera semana de enero. Sin embargo, esta disposición choca con la realidad de los periodos constitucionales de las magistraturas, los cuales son determinados a nivel federal por el Senado de la República y no coinciden con el calendario anual local.

Como ejemplo de este desfase, Serrano Cortés señaló que la actual presidencia del tribunal concluye su encomienda en el mes de octubre, lo que bajo la ley actual obligaría a postergar la nueva elección hasta enero, generando un vacío de poder. Para solucionar esto, la reforma propone que el Pleno del Tribunal elija a su presidente por un periodo de dos años, sin posibilidad de reelección inmediata, mediante una transición planificada y ordenada. En caso de que el encargo constitucional del presidente en turno esté por terminar, el Pleno deberá reunirse dentro del mes previo a la conclusión de dicho periodo para nombrar a la nueva titularidad, asegurando así la continuidad y legitimidad del cargo.

Por otro lado, la iniciativa aborda la protección financiera del organismo al proponer que el patrimonio del Tribunal Electoral —incluyendo bienes, activos y cuentas bancarias— sea catalogado como inembargable e imprescriptible. Con esto se busca evitar que los recursos destinados a la justicia electoral sean sujetos de medidas cautelares o ejecuciones judiciales.

La propuesta, que enfatiza la importancia del Tribunal como salvaguarda de los derechos político-electorales y la paridad de género, fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales para su respectivo análisis y dictaminación.

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