En un enérgico llamado al respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales, el diputado José Roberto García Castillo, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA y secretario de la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, denunció públicamente una serie de graves irregularidades cometidas en contra de familias originarias del municipio de Tampamolón Corona, tras un operativo derivado de un conflicto agrario.
El legislador informó que se ha implementado de manera inmediata un esquema de acompañamiento jurídico y atención institucional para las familias que fueron detenidas. De acuerdo con testimonios de los propios afectados y la revisión de material videográfico recabado en el lugar, los habitantes —quienes aseguran poseer y habitar legalmente las tierras en disputa desde hace varios años— fueron objeto de un uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos policiales encargados del desalojo.
García Castillo calificó la situación como una preocupante vulneración a los derechos humanos, detallando que las detenciones se ejecutaron bajo evidentes anomalías, entre las que destacan la falta de intérpretes para los ciudadanos que se expresan en lenguas originarias, periodos prolongados de incomunicación con sus familiares cercanos y condiciones de resguardo sumamente inadecuadas.
Ante la gravedad de los hechos, se activaron los protocolos correspondientes y se logró la intervención de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a nivel federal, instancia que ya supervisa que las actuaciones de las autoridades locales y judiciales se apeguen estrictamente al marco legal.
Alerta por segundo caso en la zona Xi’iuy
De manera simultánea, el congresista reveló que su equipo de trabajo se encuentra brindando asesoría y acompañamiento a una mujer indígena perteneciente a la zona Xi’iuy, originaria del municipio de Santa Catarina. Según lo expuesto, la ciudadana enfrenta un presunto escenario de injusticia legal, caso que ya ha sido canalizado ante las instancias competentes para su pronta revisión. El diputado concluyó exigiendo de manera formal que se garantice el acceso pleno a la justicia, que se restablezca la comunicación inmediata de los detenidos con sus familias, y que se brinde la atención médica necesaria a quienes resultaron afectados durante las acciones policiales, reafirmando que se mantendrá vigilante hasta que
