Desplazamiento forzado en SLP: la crisis que nadie quiere ver

Los números que incomodan

San Luis Potosí apareció por primera vez en los registros nacionales de desplazamiento interno forzado por violencia, según el estudio Travesías forzadas de la Universidad Iberoamericana. El dato es contundente: 67 personas afectadas en tres municipios. No son cifras sacadas de un sombrero; son el resultado de trabajo de campo en comunidades donde la violencia ya no es un rumor, sino una realidad cotidiana. Lo que hace esto más grave es que ocurre mientras desde el gobierno estatal se insiste en que no hay tal cosa. Como si el problema desapareciera con solo negarlo.

El relato del alcalde que rompe el silencio

En Santo Domingo, el municipio más extenso del estado, el presidente municipal Filiberto Rodríguez Alvarado decidió hablar sin tapujos. Infobae reportó sus declaraciones: 15 familias han sido desplazadas por el crimen organizado. No es un problema menor. El alcalde describió cómo los grupos criminales llegan a las comunidades, se apoderan de las casas y obligan a la gente a irse, llevándose hasta sus camionetas. La geografía del municipio, que colinda con Zacatecas, complica aún más la vigilancia. «Nos complica la existencia», dijo el edil, refiriéndose a la facilidad con que los delincuentes cruzan la frontera estatal.

“En Santo Domingo sí pasan cosas y yo puedo informar todo lo que está ocurriendo, hay robo de ganado, hay secuestros virtuales, extorsiones e incluso el despojo de viviendas, más de 15 familias han sido desplazadas… llegan y se apoderan de sus casas y pues la gente se tiene que ir, son gente del crimen organizado, sacan a la gente, les quitan sus cosas, sus camionetas, etcétera” — Filiberto Rodríguez Alvarado, presidente municipal de Santo Domingo, citado por Infobae.

El silencio de las víctimas que no aparecen

Pero el desplazamiento no solo ocurre en comunidades rurales. Oem documentó el caso de tres familias que fueron desplazadas de sus lugares de origen debido a amenazas y hostigamiento derivados de la desaparición de un familiar. Son víctimas que ya cargan con el peso de tener un ser querido desaparecido y que, encima, tienen que huir de su propia casa. El dato es pequeño en número, pero enorme en significado: muestra que el desplazamiento no es un fenómeno aislado de la sierra, sino que alcanza incluso a quienes ya están en el centro del drama de las desapariciones.

La contradicción oficial

Mientras tanto, desde la Fiscalía General del Estado y otras instancias gubernamentales, la respuesta ha sido la negativa. «No hay casos recientes de desplazamiento forzado», aseguran. Pero los números de la Ibero, el testimonio del alcalde de Santo Domingo y los reportes de Oem dicen lo contrario. La pregunta es obvia: ¿a quién creerle? ¿A las autoridades que tienen todo el interés en minimizar el problema, o a las fuentes que documentan con nombres y apellidos lo que está pasando? La contradicción no es menor: si el gobierno estatal no reconoce el problema, difícilmente va a destinar recursos para atenderlo. Y mientras tanto, las familias siguen huyendo.

Lo que falta: una fiscalía que no llega

En medio de este panorama, el Congreso del Estado ni siquiera ha solicitado la opinión técnica para crear una fiscalía especializada en desaparición, como reportó Oem en otra nota relacionada. Es decir, no hay voluntad política para atender el problema de raíz. El desplazamiento forzado es la punta del iceberg de una crisis de seguridad que el gobierno de Ricardo Gallardo insiste en maquillar con discursos de «paz y orden». Pero la realidad, como siempre, se cuela por las rendijas. Y cuando la realidad se cuela, deja al descubierto que el discurso oficial es, cuando menos, insuficiente.

Fuentes consultadas:

• Oem – Registran desplazamiento forzado de 3 familias de víctimas de desaparición en SLP
• Infobae – Crimen organizado provoca desplazamiento de 15 familias en San Luis Potosí
• Centralsanluis – Universidad Iberoamericana documenta primeros casos de desplazamiento forzado por violencia en San Luis Potosí