Lo que debes de saber
- Tres comunicadores fueron detenidos en menos de 48 horas en San Luis Potosí, y hay órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas más.
- Las detenciones están vinculadas a la difusión de un video generado con inteligencia artificial que vincula al gobernador Ricardo Gallardo con el CJNG.
- Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras denuncian que se aplica de forma retroactiva una ley aprobada en noviembre de 2025.
- La Fiscalía estatal imputa el delito de ‘manipulación ilícita de imagen e identidad digital’, una figura legal que expertos califican de ‘amplia e imprecisa’.
La cacería arrancó en redes sociales
En menos de 48 horas, el gobierno de San Luis Potosí demostró que no bromea cuando se trata de proteger su imagen. Tres personas detenidas, ocho órdenes de aprehensión más y una ley recién estrenada que, según Aristeguinoticias, se aplica de forma retroactiva. El detonante: un video generado con inteligencia artificial donde presuntos miembros del crimen organizado acusan al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La respuesta del estado fue inmediata y contundente. Christian Herrera, creador de contenido de la página ‘Código Rojo’ en Ciudad Valles, fue detenido el 21 de mayo. Al día siguiente, cayeron Eréndira Reyes Aguillón, comunicadora del ‘San Wicho Times’, y Alejandra Hermosillo, funcionaria del área de comunicación social del municipio de San Luis Potosí. Según Infobae, a Reyes y Hermosillo un juez les dictó prisión preventiva oficiosa el 22 de mayo. No es un operativo contra la desinformación: es una cacería de brujas con nombre y apellido.
«Los hechos aquí descritos representan un uso arbitrario de estas normas, particularmente contra voces críticas o de oposición como activistas políticos, comunicadores digitales y periodistas», señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto citado por ABC Color.
La ‘Ley IA’ que nació para silenciar
Todo esto ocurre al amparo de una reforma al Código Penal de San Luis Potosí aprobada en noviembre de 2025. La iniciativa, presentada por el diputado del Partido Verde Héctor Serrano, tipifica la generación y difusión de contenidos manipulados digitalmente. El problema, como señala La Silla Rota, es que el video que desató las detenciones se publicó casi un mes antes de que la ley existiera. La retroactividad está prohibida por el Artículo 14 de la Constitución, pero en San Luis Potosí parece que las reglas son distintas cuando el gobernador es el agraviado.
Artículo 19 advierte que el uso de normas «amplias y técnicamente imprecisas» eleva el riesgo de persecución contra periodistas, activistas y administradores de páginas informativas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa normativa, pero mientras la Suprema Corte decide, los comunicadores potosinos pagan el costo de ejercer su oficio.
El blanco: voces críticas, no desinformadores
Lo que hace este caso particularmente grave es la selectividad de los golpes. Entre las órdenes de aprehensión destaca la de Anahí Torres González, periodista y directora de diversos medios en la entidad. No es un perfil anónimo: es una figura conocida por su cobertura crítica del gobierno estatal. El Universal documenta que las organizaciones firmantes —Artículo 19, CPJ, RSF, CIMAC, Propuesta Cívica y la Red Nacional de Periodistas— expresaron «profunda preocupación» por la situación de libertad de expresión en el estado.
El mensaje es claro: si publicas algo que incomode al poder, te van a buscar. No importa si el contenido es verídico o no; la herramienta legal está diseñada para que el estado decida qué se puede decir y qué no. Y en San Luis Potosí, bajo el gobierno de Gallardo Cardona, la línea entre la seguridad y la censura se ha vuelto peligrosamente delgada.
La incomunicación como método
Los detalles de las detenciones son escalofriantes. Christian Herrera fue detenido el 21 de mayo y, según Infobae, sus familiares denunciaron incomunicación. El Registro Nacional de Detenciones lo ubica en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1, ‘La Pila’, pero sin que se haya identificado debidamente la razón de su privación de libertad. Artículo 19 advierte que, de no garantizarse una defensa adecuada, el caso podría constituir una detención arbitraria.
No es un error burocrático: es un patrón. Cuando el estado detiene a alguien y lo mantiene incomunicado, no solo viola el debido proceso: envía una señal a todos los que podrían estar pensando en publicar algo similar. El miedo es el objetivo, y la ‘Ley IA’ es solo el pretexto.
La Fiscalía General del Estado imputa a Reyes y Hermosillo el delito contra la identidad de las personas, argumentando que «usaron estructuras visuales y narrativas para generar contenidos simulados con apariencia de autenticidad y afectar la imagen, honor y reputación de una persona denunciante». Traducción: compartieron un video que no les gustó al gobernador. En un país donde el periodismo ya es una profesión de alto riesgo, San Luis Potosí acaba de añadir una capa extra de peligro: la inteligencia artificial como excusa para la persecución judicial.
Fuentes consultadas:
- Aristeguinoticias – Artículo 19 denuncian persecución judicial contra periodistas en SLP; detienen a 3 en menos de 48 horas
- Eluniversal – Artículo 19 denuncian persecución judicial contra periodistas en San Luis Potosí; detienen a tres por uso de IA
- Lasillarota – Denuncian persecución de periodistas en San Luis Potosí por uso de la “Ley IA” | La Silla Rota
- Infobae – ONG alertan por detenciones de comunicadores en el estado mexicano de San Luis Potosí – Infobae
- Abc Com Py – ONG alertan por detenciones de comunicadores en el estado mexicano de San Luis Potosí
