Narcopolítica en México: el mapa de gobernadores bajo la sombra del terrorismo

El mapa del poder (narco) en México

Estados Unidos ya no se anda con rodeos. El Departamento de Estado declaró a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Y no es un gesto simbólico: en Polymarket, la plataforma de apuestas, ya se cotiza cuándo comandos estadounidenses podrían llevarse a un político mexicano. Así de abierta es la percepción sobre la política en México, según reporta Tvazteca. La pregunta incómoda ya no es si el narco influye en el gobierno, sino qué tanto gobiernan los que el narco puso ahí.

El análisis territorial es escalofriante. El Cártel de Sinaloa no solo opera en su estado natal: tiene presencia dominante en Sonora, Baja California y Baja California Sur. ¿Quién gobierna esas entidades? Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila (a quien ya le quitaron la visa) y Víctor Manuel Castro, íntimo amigo de Rubén Rocha Moya. Todos de Morena. Todos en la mira. La coincidencia geográfica entre zonas de influencia criminal y gubernaturas del partido oficial es tan perfecta que parece un mapa de rutas de distribución.

«En Polymarket ya hay apuestas de cuándo podrían eventualmente los comandos de Estados Unidos llevarse a un político mexicano. Así de abierta es la percepción sobre la política en México.» — Tvazteca

Sinaloa: el modelo que amenaza con devorar las elecciones de 2027

El caso más documentado de narcopolítica en México es Sinaloa. La DEA solicitó la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, del alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros siete funcionarios morenistas. La acusación es brutal: usaron sus cargos públicos para proteger y facilitar las operaciones de Los Chapitos. Pero la acusación más grave es otra: Tvazteca documenta que Los Chapitos habrían ayudado a Rocha a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. No ganaron los votos, ganó el miedo impuesto por el crimen organizado.

Si este es el modelo que se impuso en Sinaloa, ¿qué nos espera para el 2027? Se renueva la Cámara de Diputados, se eligen 15 gubernaturas, diputados locales, presidentes municipales. Y a pesar de que desde Palacio Nacional se impulsó una reforma electoral, esta no planteó siquiera algún plan para terminar con la infiltración del narcotráfico. La democracia mexicana no solo está secuestrada: está siendo subastada al mejor postor criminal.

La colusión policiaca: el eslabón más débil (y más peligroso)

No todo es culpa de los políticos. Tvazteca reporta que Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 140 de 180 países en corrupción, el nivel más bajo en 30 años. La razón principal: la colusión entre el crimen organizado con autoridades policiacas y civiles. El botón de muestra más reciente es el secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, y actualmente prófugo.

El Operativo Enjambre, que comenzó en noviembre de 2024, ha revelado hasta el momento los presuntos nexos de 24 servidores públicos con organizaciones criminales en el Estado de México. Jefes policiacos, alcaldes y exediles fueron detenidos por delitos como homicidio, extorsión y secuestro. En enero pasado, detuvieron a 87 policías y oficiales de tránsito en Chiapas de Corzo por corrupción. En febrero, en un rancho de Nacajuca, Tabasco, 13 policías fueron detenidos durante una narcofiesta. La complicidad ya no es un rumor: es un sistema.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene influencia en todo el país a través de un supuesto esquema de franquicias. La reciente detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, alto mando del CJNG, atrajo la atención sobre Nayarit, gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero. En Colima, gobernado por Indira Vizcaíno, también de Morena, se reveló a través de Guacamaya Leaks que las operaciones criminales están controladas por el CJNG. La Familia Michoacana y Cárteles Unidos operan en Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla; el Estado de México, con Delfina Gómez; y Guerrero, con Evelyn Salgado. Las denuncias van desde el tráfico de drogas hasta robos en carreteras y extorsiones a productores.

El modelo de Sinaloa no es una excepción: es el manual de operaciones. La pregunta para 2027 no es si el crimen organizado va a intervenir en las elecciones, sino qué tan explícito será su respaldo. Mientras tanto, los gobernadores saben que su nombre está en la tómbola y diseñan un “plan B” o hasta un “plan C” en caso de que, en los próximos días, su nombre esté en una solicitud de extradición de Estados Unidos. La narcopolítica ya no es una teoría conspirativa: es la realidad que gobierna México.

Fuentes consultadas:

• Tvazteca – Estados controlados por el narco en México: ¿Quién gobierna en ellos?
• Tvazteca – Narcopolítica en Sinaloa: El modelo que amenaza con devorar las elecciones de 2027, casilla 27
• Tvazteca – México, entre los países más corruptos por colusión de policías y el crimen organizado